Con la experiencia de los anteriores gobiernos, el caso de los asesores suena a “botellas”.

La relevancia de esta decisión trasciende la mera simbolización; implica una potencial transformación en la forma en que se perciben y se aplican las normas de derecho internacional. La CPI, establecida en 1998 y operativa desde 2002, tiene la misión de juzgar a los responsables de los crímenes más graves, y su jurisdicción se extiende a 124 países que han suscrito el Estatuto de Roma, entre ellos España. Esto significa que, si Netanyahu o Gallant pusieran pie en cualquier nación firmante, podrían ser detenidos conforme a la ley internacional. Por Julio Guzmán Acosta El pasado jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) dio un paso histórico al emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, las denuncias incluyen el uso de la inanición como método de guerra, así como asesinatos y otras violaciones graves contra la población de la Franja de Gaza. Este acontecimiento no solo resuena en los pasillos de La Haya, sino que también sacude las dinámicas políticas globales, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas. La orden de arresto representa un momento sin precedentes, ya que es la primera vez que un líder de un país aliado de Estados Unidos y de la OTAN enfrenta tal acción por parte de la CPI. La decisión del fiscal Karim Kahn se produce en medio de un contexto devastador: más de 44,000 palestinos han perdido la vida en lo que se considera uno de los genocidios más atroces del siglo XXI. Las imágenes de destrucción en Gaza, donde se han arrasado hospitales, universidades y hogares, han sido vistas por millones, generando una ola de indignación y un clamor internacional por justicia. La relevancia de esta decisión trasciende la mera simbolización; implica una potencial transformación en la forma en que se perciben y se aplican las normas de derecho internacional. La CPI, establecida en 1998 y operativa desde 2002, tiene la misión de juzgar a los responsables de los crímenes más graves, y su jurisdicción se extiende a 124 países que han suscrito el Estatuto de Roma, entre ellos España. Esto significa que, si Netanyahu o Gallant pusieran pie en cualquier nación firmante, podrían ser detenidos conforme a la ley internacional. Sin embargo, la realidad política es compleja. La reacción inicial del gobierno español, que expresó su respeto por la decisión de la CPI, plantea interrogantes sobre la voluntad real de cumplir con el Estatuto de Roma. A pesar de las declaraciones oficiales, muchos analistas consideran improbable que se ejecute un arresto si Netanyahu decidiera visitar España. La historia reciente sugiere que la primacía de las relaciones con Estados Unidos y la OTAN podría prevalecer sobre las obligaciones internacionales. La administración española de Pedro Sánchez ha sido criticada por su inacción ante el genocidio en Gaza, limitándose a pronunciamientos vacíos y a un reconocimiento simbólico del Estado palestino. Esta falta de acción se refleja en la reciente permisividad para que buques estadounidenses, cargados de material militar, atracaran en puertos españoles, en contravención de la Ley 53/2007 sobre Comercio de Armas. Esta situación plantea la inquietante posibilidad de que el gobierno español, a pesar de sus compromisos, elija ignorar la orden de arresto si se presentara la oportunidad. En este panorama, el papel de Estados Unidos se vuelve crucial. La rápida condena de Joe Biden a la orden de arresto como “escandalosa” subraya la influencia que el país norteamericano ejerce sobre sus aliados. La historia ha demostrado que, en cuestiones de política exterior, la voluntad de Washington puede eclipsar las leyes nacionales e internacionales, lo que deja a muchas naciones, incluida España, en una posición incómoda. a orden de arresto de la CPI es un momento decisivo que podría redefinir la justicia internacional y la rendición de cuentas en conflictos armados. Sin embargo, las realidades políticas y las lealtades internacionales plantean dudas sobre su implementación. La comunidad internacional observa con atención, esperando que el clamor por justicia no se ahogue en la complejidad de las relaciones de poder. En un mundo donde la imagen del sufrimiento humano es visible para todos, la posibilidad de que líderes responsables de crímenes de guerra enfrenten la justicia es un principio que, aunque frágil, debe ser defendido. 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