La muerte del adolescente Darlin Mercado Reyes durante un operativo policial en Guajimía ha vuelto a poner bajo escrutinio a la Policía Nacional en un momento decisivo para la reforma institucional. Mientras la investigación avanza y crecen los cuestionamientos sobre los controles internos, el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía enfrenta el riesgo de desaparecer del Congreso si no es aprobado antes del 26 de julio.
Por Redacción Nacional
Caso Darlin revive presión sobre la reforma policial que está a días de vencer en el Congreso
SANTO DOMINGO. La muerte del adolescente Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en la cañada de Guajimía ha reabierto el debate sobre la transformación de la Policía Nacional justo cuando el principal proyecto legislativo destinado a reformarla se encuentra al borde de perimir en el Congreso Nacional.
La tragedia, que ha generado una fuerte reacción pública y una demanda civil contra la institución policial, coincide con la etapa más crítica del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, depositado el 8 de diciembre de 2025 y actualmente bajo estudio de una comisión especial del Senado. De no ser aprobado antes del cierre de la presente legislatura ordinaria, el próximo 26 de julio, la iniciativa perdería vigencia constitucional, salvo que el Poder Ejecutivo convoque una legislatura extraordinaria.
La coincidencia ha intensificado la presión sobre el Congreso. Mientras el caso Darlin pone nuevamente en discusión el uso de la fuerza, la supervisión de los agentes y los mecanismos internos de control, la reforma llamada a responder a esas debilidades permanece estancada.
Una reforma contra el reloj
El proyecto agotó prácticamente el tiempo que le concede la Constitución para permanecer en trámite legislativo. Al haber sido introducido durante la legislatura anterior, solo puede mantenerse vigente durante dos períodos ordinarios consecutivos.
Si el Senado no concluye su conocimiento antes del 26 de julio, la iniciativa perimirá automáticamente, obligando al Poder Ejecutivo o a los legisladores a iniciar nuevamente todo el proceso legislativo.
El escenario coloca al Congreso frente a una decisión de alto impacto institucional, en momentos en que la ciudadanía vuelve a cuestionar la eficacia de las políticas de reforma policial anunciadas en los últimos años.
Salud mental y controles permanentes
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto busca fortalecer los mecanismos de supervisión sobre los miembros de la Policía Nacional mediante evaluaciones periódicas de salud mental.
El artículo 177 establece que todos los agentes deberán someterse, como mínimo cada dos años, a evaluaciones psicológicas obligatorias. Además, dispone revisiones especiales cuando un miembro de la institución participe en incidentes relacionados con el uso de la fuerza o en acontecimientos particularmente traumáticos durante el ejercicio de sus funciones.
La propuesta pretende convertir la estabilidad emocional y psicológica en un requisito permanente del servicio policial, y no únicamente en una condición para el ingreso a la institución.
Asimismo, los artículos 227 y 231 califican como falta muy grave la negativa injustificada de un agente a someterse a pruebas de confiabilidad psicofísica, contemplando incluso la destitución cuando esa conducta sea dolosa.
El expediente Darlin vuelve a poner a prueba los controles internos
La investigación sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes ha colocado nuevamente bajo escrutinio los mecanismos disciplinarios de la Policía Nacional.
De acuerdo con las informaciones conocidas durante la investigación, el cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte del adolescente, registraba dos suspensiones disciplinarias previas, circunstancia que ha alimentado el debate sobre la eficacia de los procesos internos de supervisión y seguimiento del personal policial.
Más allá del hecho específico, el caso ha reabierto interrogantes sobre la aplicación de protocolos operativos, el empleo proporcional de la fuerza y la capacidad institucional para identificar oportunamente a agentes con antecedentes disciplinarios.
Crece la presión judicial y política
Mientras el proceso penal continúa su curso, la familia de Darlin Mercado Reyes interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la Policía Nacional, elevando la dimensión institucional del caso.
En el plano político, diversos sectores han aprovechado el episodio para insistir en la necesidad de acelerar la reforma policial. Entre ellos, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó los resultados alcanzados hasta ahora por el proceso de transformación impulsado por el Gobierno y sostuvo que hechos de esta naturaleza afectan seriamente la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
El Senado enfrenta una decisión determinante
La proximidad del vencimiento del proyecto convierte el caso Darlin en un nuevo punto de inflexión para la reforma policial.
Si la iniciativa legislativa no supera el trámite antes del cierre de la legislatura, el Congreso dejaría vencer una de las principales herramientas legales concebidas para fortalecer los controles internos, mejorar la supervisión de los agentes y modernizar la estructura institucional de la Policía Nacional.
En cambio, si logra avanzar, lo hará en un contexto marcado por una creciente exigencia social de transparencia, rendición de cuentas y garantías de que hechos como la muerte de Darlin Mercado Reyes no vuelvan a repetirse.
