DEFENSA CIVIL
El oficio de comunicar y la vocación de servicio del bombero comparten un marco ético ineludible, el cual no debe ser deshonrado ni supeditado a intereses políticos o conveniencias personales. Un comunicador serio tiene el deber ineludible de investigar y contrastar fuentes antes de emitir juicio. De igual manera, quien porta el uniforme de bombero, además de su misión fundamental de salvar vidas, contrae la obligación de lealtad a su institución, manteniendo una conducta intachable y respetando la disciplina y jerarquía que definen este cuerpo de servicio.
He querido iniciar esta reflexión señalando estos valores porque, cuando un individuo ostenta ambas facetas, su responsabilidad frente a la sociedad se duplica. Lamentablemente, he observado en las redes sociales, bajo el influjo de la denominada «sociedad del espectáculo», a un comunicador que, identificándose como bombero egresado de una academia nacional, utiliza una plataforma para sembrar cizaña entre dos instituciones hermanas, pilares de la gestión de riesgos y emergencias en la República Dominicana.
Esta persona, cuya corta trayectoria fue detenida en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional por insubordinación, pretende ahora, desde su rol mediático, fracturar la necesaria colaboración entre la Defensa Civil (DC) y los Cuerpos de Bomberos. Bajo narrativas engañosas, afirma haber «destapado una caja de Pandora» en la institución naranja, lanzando acusaciones que, lejos de sustento, buscan manipular la opinión pública.
Entre sus afirmaciones, sostiene que: «A raíz de la tragedia de Venezuela, la Defensa Civil quiso enviar una brigada sin autorización del Ejecutivo ni del Ministerio de Defensa, razón por la cual fueron devueltos del aeropuerto». Asimismo, descalifica al personal rescatista alegando falta de acreditación bajo el método USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) y tilda su labor de «turismo de desastres». A esto suma ataques infundados contra la formación técnica de su director y la difusión de cifras falsas sobre un supuesto presupuesto anual de 1200 millones de pesos.
Ante este cúmulo de desinformación, es imperativo precisar la realidad:
- Sobre el presupuesto: Invito a este comunicador a verificar sus datos. El presupuesto anual de la Defensa Civil es significativamente menor a la cifra irresponsable que ha difundido.
- Capacidad técnica: La dirección de la Defensa Civil cuenta con una sólida preparación académica, incluyendo doctorados en gestión de riesgos y temas ambientales, respaldada por un equipo de alto desempeño.
- Protocolos de actuación: Tanto la Defensa Civil como los Cuerpos de Bomberos integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SN-PMR). Nuestras operaciones se ciñen estrictamente al Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Aquí no hay espacio para el protagonismo; solo para el método y la eficiencia.
- Enfoque en la vida: El objetivo supremo es salvar vidas. Los reportes oficiales confirman que la labor es conjunta y colaborativa entre la Defensa Civil, los Bomberos y otras entidades del Estado.
- Todas estas instituciones operan bajo la sombrilla de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y, en momentos de crisis, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La CNE es el organismo rector, presidido por el director de la Defensa Civil. Recomiendo la lectura de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y la Ley 257-66, que rige a la Defensa Civil, para comprender que estas instancias son los puntos focales, políticos y técnicos, ante el INSARAG (Grupo Consultivo Internacional de Búsqueda y Rescate) de Naciones Unidas, organismo que acredita los equipos USAR. Ninguna operación de envergadura internacional se ejecuta sin la debida autorización de la máxima autoridad estatal.
- El voluntariado de la Defensa Civil es una estructura dinámica, unida por un profundo amor a nuestra nación. Cada voluntario es consciente de que la institución requiere de su esfuerzo incansable; una entrega que trasciende lo económico y se fundamenta en la vocación de servicio.
Podría seguir refutando cada uno de sus señalamientos, los cuales evidencian una clara intención de debilitar nuestro sistema de emergencias, pero este no es el espacio para validar injurias. Entiendo que, al acercarse periodos electorales, algunos intentan iniciar su carrera política prematuramente mediante el descrédito ajeno.
Si bien la libre expresión es un derecho fundamental, debe ejercerse bajo los límites del respeto, la verdad y la honradez, virtudes que definen a quienes conforman el sector de emergencias. Quizás, en el futuro inmediato, este tipo de difamaciones deberán ventilarse bajo el amparo del nuevo Código Penal (Ley 74-25), el cual endurece significativamente las sanciones contra quienes utilizan la calumnia como arma de posicionamiento público.
