El Decreto 367-26, que actualiza las tasas aeroportuarias en los aeropuertos concesionados, trasciende el ámbito técnico de un contrato. La medida reabre un debate de fondo sobre la relación del Estado con la diáspora dominicana, una comunidad cuyo aporte económico y social resulta decisivo para el desarrollo del país.
La defensa de un contrato nunca debe sustituir el análisis de sus consecuencias.
Es cierto que el incremento de las tasas aeroportuarias responde a una cláusula prevista en el contrato de concesión de Aerodom. Ese hecho forma parte de la realidad jurídica del acuerdo. Sin embargo, las decisiones públicas no pueden evaluarse únicamente desde la legalidad; también deben examinarse desde su impacto económico, social y político.
Y es precisamente ahí donde el Decreto 367-26 plantea interrogantes legítimos.
La diáspora dominicana constituye uno de los mayores activos de la República Dominicana. Las remesas representan alrededor del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero esa cifra apenas refleja una parte de su verdadero aporte. A ello deben añadirse las inversiones inmobiliarias, el apoyo económico directo a familiares, los envíos de bienes, el consumo durante las visitas al país y la creación de oportunidades económicas que benefician a miles de hogares.
La contribución de los dominicanos residentes en el exterior trasciende las estadísticas oficiales.
Por esa razón, cualquier medida que incremente el costo de viajar al país merece una explicación amplia y un debate público transparente. El cumplimiento de un contrato es un argumento importante, pero también lo es valorar si existen mecanismos para reducir el impacto sobre quienes mantienen un vínculo permanente con la nación.
Existe, además, otro aspecto que merece reflexión.
Desde hace años, diversos sectores de la diáspora han planteado la necesidad de fortalecer su participación en la vida institucional del Estado. Más allá de las diferencias sobre cómo deben realizarse las designaciones diplomáticas o consulares, es innegable que muchos dominicanos en el exterior aspiran a una mayor representación y a que su experiencia profesional y comunitaria sea tomada en consideración.
Ese debate sigue abierto y forma parte de una conversación más amplia sobre el papel que debe desempeñar la diáspora en el presente y el futuro del país.
Gobernar implica escuchar, especialmente a quienes sostienen una parte significativa de la economía nacional desde miles de kilómetros de distancia.
Por ello, el aumento de las tasas aeroportuarias debería servir como punto de partida para revisar la política pública hacia los dominicanos en el exterior. Reconocer su aporte no puede limitarse a destacar el volumen de las remesas; debe traducirse en espacios de participación, diálogo permanente y decisiones que tengan en cuenta el impacto que determinadas medidas pueden generar sobre esa comunidad.
La respuesta de la diáspora a este debate también debe desarrollarse dentro del marco democrático.
Las organizaciones comunitarias, asociaciones de dominicanos en el exterior y demás entidades representativas tienen pleno derecho a expresar sus posiciones, solicitar revisiones de políticas públicas, promover el diálogo con las autoridades y desarrollar iniciativas cívicas y pacíficas para hacer visible su punto de vista, siempre con respeto al orden democrático y a la ley.
La República Dominicana necesita una relación más equilibrada con sus ciudadanos en el exterior.
La diáspora no puede ser vista únicamente como una fuente de remesas o un actor relevante durante los procesos electorales. Su experiencia, conocimiento y capacidad de inversión representan un capital humano y económico que merece una política de Estado moderna, inclusiva y orientada al largo plazo.
El Decreto 367-26 ha abierto una discusión que trasciende unas tarifas aeroportuarias. Ha puesto sobre la mesa una pregunta esencial: ¿está el país reconociendo, en toda su dimensión, el valor de millones de dominicanos que siguen construyendo República Dominicana desde el exterior?
Responder esa pregunta con hechos, y no solo con discursos, será una de las tareas pendientes del Estado dominicano.
