El órgano electoral intimó formalmente a Fuerza del Pueblo por la «Marcha del Pueblo», al considerar que excedió los límites del derecho de manifestación y constituyó proselitismo anticipado. Advierte con sanciones económicas severas en caso de reincidencia.
Por Servicios Umbral.com.do
SANTO DOMINGO. – Con la firmeza que demanda la preservación de la equidad en la contienda democrática, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido una intimación formal al partido Fuerza del Pueblo (FP) tras la masiva concentración denominada «Marcha del Pueblo», celebrada el pasado 30 de noviembre. El Pleno del órgano rector determinó que el evento pudo haber trascendido el ejercicio legítimo del derecho de reunión para configurarse como un acto de propaganda electoral anticipada, práctica prohibida fuera de los períodos autorizados por la ley.
En un documento de tono severo, la JCE reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta social. No obstante, subraya con precisión jurídica que este derecho debe ejercerse dentro del marco legal y, de manera crucial, en estricta armonía con la normativa electoral. La institución señaló que la marcha, promovida abiertamente por los canales oficiales del FP, estuvo impregnada de elementos partidistas inconfundibles: desde la utilización de la denominación, colores y símbolos de la organización hasta el despliegue de consignas y la participación activa de dirigentes y militantes ataviados con la simbología del partido.
«Estos elementos, en su conjunto, podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social», sostuvo la JCE, basando su apreciación en la amplia cobertura y difusión de imágenes que documentaron el evento. El órgano fue categórico al recordar que las manifestaciones de carácter social no pueden, bajo ningún concepto, confundirse ni fusionarse con actos propios de una campaña o precampaña electoral, garantía fundamental para mantener un piso de igualdad entre todas las fuerzas políticas.
En consecuencia, la Junta advirtió que las conductas observadas podrían comprometer la responsabilidad administrativa del FP y de sus dirigentes, amparándose en lo dispuesto por el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Dicha normativa prevé sanciones económicas que pueden ascender a multas de uno a doscientos salarios mínimos para quienes organicen mítines o manifestaciones con carácter proselitista fuera de los períodos autorizados.
Como medida inicial de carácter preventivo, la JCE decidió intimar formalmente a la Fuerza del Pueblo para que adopte «de inmediato» las disposiciones necesarias que aseguren que futuras actividades sociales no sean susceptibles de interpretarse como propaganda electoral anticipada. La comunicación, fundamentada en el artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, deja claro que esta es una advertencia precautoria.
La Sombra de la Sanción
El Pleno fue contundente al establecer el siguiente paso: de no atenderse esta intimación o de verificarse nuevos hechos similares, el caso será remitido de inmediato a la Unidad de Sanciones Administrativas de la JCE. Este procedimiento podría desembocar en la aplicación de las multas antes mencionadas, cuyo tope máximo representa una pena económica considerable.
Hasta el momento, la dirigencia de la Fuerza del Pueblo no se ha pronunciado públicamente respecto a la intimación recibida de la máxima autoridad electoral del país. La advertencia queda servida, y el balón pasa ahora al campo del partido intimado, en un episodio que subraya la delicada frontera entre la expresión social y la actividad política reglada.
