Una treintena de colectivos políticos y sociales condenaron la visita de Pete Hegseth, advirtiendo que su presencia y el despliegue militar estadounidense en el Caribe buscan recolonizar la región bajo el pretexto de la lucha antidrogas.
Por Thiago N. Guzmán
SANTO DOMINGO.— Con la contundencia que nace de la conciencia soberana, una coalición de más de treinta organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana alzó su voz este miércoles para declarar persona non grata al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cuya visita a suelo quisqueyano calificaron de “acto hostil” no solo contra la soberanía nacional, sino también contra la de Venezuela y los pueblos hermanos del Caribe y Latinoamérica.
En un pronunciamiento cargado de urgencia histórica, los colectivos —entre los que figuran el Movimiento Caamañista, el Partido Comunista del Trabajo, Partido Patria Para Todos y el Movimiento Popular Dominicano, entre otras agrupaciones de raigambre patriótica— denunciaron que la presencia de Hegseth coincide con un despliegue militar estadounidense de proporciones alarmantes en aguas del Caribe, el cual incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y misiles de capacidad nuclear apuntando hacia Caracas.
Operación Caribe: ¿Lucha Antidrogas o Cerco Geopolítico?
Las organizaciones advirtieron que estas maniobras, presentadas oficialmente como parte de la “Operación Lanza del Sur” contra el narcotráfico, encubren en realidad una estrategia de intimidación y recolonización dirigida a Venezuela, con el objetivo ulterior de apoderarse de sus riquezas naturales. Subrayaron, además, que estas acciones se enmarcan en una ofensiva militar coordinada que incluye la visita del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, a Puerto Rico y Trinidad y Tobago, así como ejercicios militares a escasas millas del territorio venezolano con participación de efectivos dominicanos.
“Cada intervención estadounidense en la región —señalaron— se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas de gobiernos locales. República Dominicana no puede ni debe servir de plataforma para una guerra imperial contra un pueblo hermano”. El llamado fue claro: el presidente Luis Abinader debe recordar que este país no es una colonia estadounidense y que su deber constitucional es defender los intereses del pueblo dominicano y apegarse al derecho internacional.
Firmantes y Fundamentos: Un Rechazo con Memoria Histórica
Entre las organizaciones firmantes —que abarcan un amplio espectro de luchas sociales, desde el Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas hasta la Internacional Anti-Fascista— prevalece un denominador común: la defensa irrestricta de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos.
Con este gesto de repudio, la sociedad civil dominiana no solo cuestiona la actual política exterior de su gobierno, sino que se reafirma en una tradición de resistencia ante cualquier intento de subordinar la dignidad nacional a los designios de potencias extranjeras. La visita de Hegseth, lejos de pasar como un mero episodio diplomático, ha destapado la vigencia de un debate profundo: el de la soberanía como principio irrenunciable en un mundo donde los cañones suelen hablar más fuerte que la razón.
