El órgano acusador solicitó la apertura de un juicio oral contra doce personas y siete empresas por un presunto fraude de RD$2,500 millones a la Coop-Herrera, que afectó a 366 víctimas. La decisión del juez instructor se conocerá el 21 de noviembre.
Por Thiago N. Guzmán
SANTO DOMINGO.— Con una prosa forense y una petición contundente, el Ministerio Público elevó su voz en el Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, solicitando que se dicte el auto de apertura a juicio en contra de la red acusada de desangrar con sofisticación criminal los fondos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera. La Operación Búho, aquel despliegue policial que el pasado octubre de 2023 desmanteló una estructura de presunto fraude por dos mil quinientos millones de pesos, busca ahora su culminación en la sede del tribunal.
El juez Joan Rodríguez, tras escuchar los argumentos de los fiscales en la audiencia preliminar, fijó para el próximo viernes 21 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la fecha crucial en la que dará a conocer su fallo. Sobre la mesa del magistrado reposa la solicitud del ente persecutor para que se admita de manera íntegra una acusación respaldada por cientos de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales.
La imputación alcanza a doce ciudadanos , entre los que figuran Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea y Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, así como a Pedro Eligio Bonilla, quien permanece en rebeldía. La tela de araña se extiende, además, a siete entidades jurídicas, incluyendo inmobiliarias, constructoras y academias, señaladas como fachadas de un entramado financiero ilícito.
Los representantes del Ministerio Público, los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, arguyeron que la red criminal, mediante la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos, desvió fondos de asociados y ahorrantes, dejando un reguero de 366 perjudicados.
La petición fiscal no se limita a la apertura del juicio. En un esfuerzo por resarcir el daño causado, el órgano acusador solicitó el decomiso en favor de las víctimas de todos los bienes incautados o identificados como producto del delito. Esto incluye inmuebles, embarcaciones, vehículos de lujo, cuentas bancarias, certificados financieros y el dinero en efectivo ocupado durante las diligencia, así como los intereses generados por estos.
La Operación Búho, germinada de una investigación conjunta de meses entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, movilizó en su día a más de una veintena de fiscales y un centenar de agentes policiales. Ahora, su legado judicial espera el veredicto de un juzgado de la instrucción que determinará si las pruebas son suficientes para llevar a los acusados al banquillo.
