SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS
En el libro Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) señalamos las principales modalidades de corrupción pública y privada conocidas.
Pero a la luz de las investigaciones de las valientes comunicadoras Nuria Piera, Julissa Céspedes, Edith Febles y Alicia Ortega, entre otras, la corrupción en el SENASA supera con creces las modalidades señaladas y las prácticas oscuras del viejo IDSS:
1. Contrataciones multimillonarias de grado a grado y sin la debida rendición de cuentas ni fiscalización;
2. Decenas de miles de pacientes con procedimientos ficticios pagados por el SENASA a médicos, clínicas y farmacias privadas;
3. Sobre facturación de centros privados con la complicidad de funcionarios del SENASA, violando las técnicas más elementales de la administración del riesgo de salud;
4. Desvió a proveedores privados “preferidos” de miles de pacientes que pudieron ser atendidos en los hospitales públicos;
5. Doble contabilidad y falsificación de los reportes financieros mensuales y anuales entregados a SISALRIL;
6. Compra de vacunas entregadas gratuitamente a las clínicas privadas por el Ministerio de Salud Pública;
7. Instalación de prótesis de inferior calidad, afectando la salud y la recuperación de pacientes de bajos recursos económicos;
8. Creación y operación de un call center paralelo privado para simular la prescripción y entrega de servicios médicos.
9. Destrucción de datos esenciales para ocultar la crítica situación del SENASA borrando importantes archivos institucionales;
10. Falsificación del balance de las reservas técnicas para ocultar los déficits financieros reales.
Aunque estas denuncias parten de informaciones concretas, para conocer su magnitud debemos esperar las investigaciones de las autoridades competentes. No obstante, el retraso en el pago a las PSS de un 48% durante más de 4 meses promedio, señalado por SISALRIL, no deja lugar a dudas de la existencia de un cúmulo de irregularidades sin precedentes en la ARS pública.
Es muy lamentable este escándalo que empaña la credibilidad y sostenibilidad de una institución pública que fue modelo, y de cuya gestión dependen 7.8 millones de dominicanos, la mayoría pobres de solemnidad. Existen grandes diferencias sobre la magnitud del afán de lucro, por lo que habrá que esperar el dictamen de las autoridades competentes.
Gracias a la intolerancia del presidente Luis Abinader contra la corrupción, esta estafa mayúscula fue detectada y detenida a finales del año pasado, con la promesa de someter a la justicia a todos los responsables de este doble crimen contra el Estado y tratándose de un servicio tan vital como la salud de los más necesitados.
Aunque minorías radicales silencian la existencia del afán de lucro en las instituciones públicas, lo cierto es que la ancestral corrupción, el clientelismo, el despilfarro y la administración de los recursos de manera irresponsable y sin consecuencias, siempre han terminado surtiendo efectos negativos y similares al afán de lucro privado, acentuando los desequilibrios financieros y el costo innecesario del PBS.
Desde el punto de vista de los afiliados y del necesario equilibrio del Plan Básico de Salud (PBS), ¿cuál es la diferencia entre el afán de lucro privado y el afán de lucro público basado en una corrupción multimillonaria? Silenciar esta realidad objetiva mediante propuestas estatizantes unilaterales y desfasadas contribuye un atentado inaceptable al derecho universal al cuidado de la salud de todos los afiliados.
El carácter mixto del SDSS y particularmente del SFS se justifica por la ineficiencia tradicional de los hospitales públicos expresada en una marcada preferencia por los servicios privados, incluso de las familias más pobres y vulnerables. La pluralidad y la libre elección de los afiliados constituyen un esfuerzo por controlar tanto el afán de lucro privado como el público.
Durante años fuimos unos ilusos elogiando el desempeño del SENASA. Esa falsa ilusión indujo a diputados y senadores de buena fe a someter ocho proyectos de ley que proponen la conversión del SENASA en un monopolio estatal, eliminando la libre elección. Ante este escándalo mayúsculo y sin precedentes, lo más sano y aconsejable sería retirar dichas propuestas, proponiendo fórmulas concretas para fortalecer la prevención y sanción de los fraudes públicos y privados.
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