La sentencia contra, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, no es solo la condena a un hombre, sino el juicio histórico a toda una estructura de poder que convirtió al Estado dominicano en un botín partidario y familiar. Siete años de prisión para Alexis, cinco para sus cómplices, y una multa millonaria son apenas un reflejo pálido de lo que realmente ocurrió durante los ocho años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezado por Danilo Medina Sánchez : la sistemática y descarada depredación de los recursos públicos, con la complicidad de todo un partido que alguna vez se jactó de ser heredero de Juan Bosch.
El tribunal fue claro: Alexis Medina no actuó solo. Utilizó su condición de hermano del presidente para tejer una red de empresas fantasmas —Dominical Supply, General Supply, y otras— que se enriquecieron a costa del erario público. Lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecilimiento ilícito, asociación de malhechores. Los delitos son tantos que cuesta creer que esto no haya sido una política de Estado. ¿Acaso Danilo Medina, presidente en ese entonces, no sabía? ¿O simplemente miró hacia otro lado mientras su hermano y sus allegados saqueaban las arcas nacionales?
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los Medina. El PLD en su totalidad —sus dirigentes, sus legisladores, sus operadores judiciales— fueron cómplices de este esquema mafioso. Leonel Fernández, quien hoy se presenta como crítico, gobernó antes que Danilo y creo las estructuras clientelistas, sabiendo que tarde o temprano le tocaría a otro peledeista usarlas. ¿Dónde estaban los «valores boschistas» cuando se repartían contratos entre amigos? ¿Dónde estaba la «ética revolucionaria» cuando se desviaban miles de millones?
El tribunal, aunque no condenó formalmente al PLD, dejó al descubierto la podredumbre de un partido que perdió el rumbo. Absolver a Magaly Medina, otra hermana del expresidente, solo confirma que la justicia aún no llega a todos los culpables. Mientras, otros imputados —como Víctor Matías Encarnación— recibieron penas risibles: cinco años suspendidos y una multa irrisoria. ¿Es esto justicia o una burla?
Lo más grave es que este no fue un caso aislado. Fue el modus operandi de un gobierno que entendió el poder como un mecanismo de enriquecimiento privado. Las pruebas están ahí: más de 200 millones de pesos recuperados en acuerdos con algunos imputados, empresas fantasma que facturaban al Estado sin prestar servicios, funcionarios que hacían la vista gorda. Todo bajo el amparo de un partido que, en vez de servir al pueblo, sirvió a una cleptocracia.
Hoy, el PLD intenta distanciarse de los condenados, pero la historia ya los juzgó. La sentencia de Alexis es solo el primer capítulo de una deuda pendiente con la justicia. Falta que se investigue a Danilo, a los ministros cómplices, a los legisladores que aprobaron leyes a medida, a toda una dirigencia que normalizó el robo.
Mientras el país sigue pagando las consecuencias de tanto saqueo, queda una pregunta en el aire: ¿Cuándo será juzgado, realmente, el PLD? Porque mientras no se haga, esta sentencia será solo un castigo simbólico en un sistema que sigue protegiendo a los poderosos.
Julio Guzmán Acosta
Analista político
