Querella penal revela supuesta trama de sobornos, amenazas y presión para extender contrato estatal sin competencia
Por Brendalis Reyes
Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025 una querella penal contra la empresa Dekolor, S.R.L., así como contra su presidente, Rogelio Oruña, y su gerente general, Sandra Oruña, por presuntos actos de soborno, chantaje y extorsión relacionados con la prórroga ilegal de un contrato estatal.
La acción, presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), detalla una compleja trama que incluiría ofertas de sobornos por hasta un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos dominicanos, además de amenazas personales y presiones institucionales a funcionarios clave del Intrant.
El contrato involucrado, firmado en enero de 2020 por cinco años, otorgaba a Dekolor la administración de 21 centros para la emisión y renovación de licencias de conducir, incluyendo provisión de personal, equipos y operación tecnológica integral. Según el Intrant, a pesar de varias modificaciones no aprobadas por el Consejo, la empresa buscaba extender el contrato sin someterse a un proceso competitivo, mediante maniobras ilegales contra la actual dirección.
Los hechos denunciados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos bajo la Ley 155-17, estafa contra el Estado y chantaje electrónico según el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología.
El Intrant asegura que la querella está sustentada en informes técnicos internos y de la Contraloría General, documentos y testimonios que evidencian una estructura criminal destinada a manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Asimismo, advierte sobre la posible implicación de otros actores que serán investigados por las autoridades.
Esta denuncia marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la gestión pública dominicana, y pone bajo la lupa los procesos de contratación y supervisión en instituciones clave del Estado.
