¿Qué poder financia, organiza y abastece esos grupos y los hace inmunes a la ley y la acción preventiva del Estado?
Por Rafael Chaljub Mejía
Gozan de alguna muy poderosa protección los grupos que, como la tal Antigua Orden, vienen haciendo ostentación de su presencia en el país.
El uso de indumentaria y prendas militares está rigurosamente reservado a los integrantes de los cuerpos armados y su uso por civiles está expresamente penado por la ley.
Pero los miembros de esos grupos visten de uniforme y botas militares, con rangos y denominaciones propias de un ejército y ninguna autoridad se da por enterada. Imagínense ustedes que a alguna organización de izquierda del país se le ocurra uniformar sus miembros, como una banda negra, desfilar militarmente por las calles y hacer incitaciones a la violencia.
Además de la Antigua Orden, ya en las redes sociales se ha visto a otros grupos organizados como tropa militar. Marchando, haciendo ejercicios, con denominaciones y jerarquías propias de una organización castrense.
El odio racial, la xenofobia y la persecución al migrante son delitos sancionados incluso en tratados internacionales de los cuales el Estado dominicano es signatario.
Y hay que oír las proclamas que los cabecillas de esos grupos están haciendo mientras amenazan con tomar en sus manos tareas que sólo al Estado dominicano le corresponde cumplir.
Las primeras que debieran sentirse ultrajadas y desconsideradas son esas autoridades, el Gobierno como tal, el propio Presidente de la República, las fuerzas armadas, la Policía, a todos los cuales estos grupos les están diciendo que se quiten del medio por ser unos incapaces.
Debe respetarse el derecho a las manifestaciones públicas, siempre que sea con fines pacíficos. Pero algunos convocantes de la marcha hacia Friusa, llaman a la gente que vaya armada, “con ametralladora y con to”, dijo uno de ellos, y aun así se le concede el permiso para la marcha.
Está a la vista. Pese a las voces de advertencia, se ha venido engendrando una amenaza de perturbación de la paz civil, y la indiferencia de la autoridad la ha dejado crecer.
Por qué? ¿Qué poder financia, organiza y abastece esos grupos y los hace inmunes a la ley y la acción preventiva del Estado?
Las advertencias están hechas. Al Gobierno, ante todo. Y como junto a estos grupos de corte paramilitar y prédica violenta aparecen personas de reconocida nombradía, incluso un excandidato presidencial como el señor Abel Martínez, e instituciones dignas de otra compañía como el Instituto Duartiano, se sobreentiende que todos deben saber la responsabilidad que asumen ante esta situación amenazante.
