Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tomó una decisión clave este martes 25 de marzo de 2025 al rechazar la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad presidencial y principal imputado en la red de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, un caso que fue desmantelado a través de la Operación Coral y Coral 5G.
La defensa de Cáceres Silvestre había argumentado que el proceso debía ser archivado definitivamente, alegando que el plazo máximo para la duración del caso había expirado. Sin embargo, el tribunal determinó que el conteo del tiempo debía comenzar desde la imposición de la primera medida de coerción personal, dictada el 5 de mayo de 2021, y no desde la oposición a las transferencias de bienes. De esta manera, el tribunal concluyó que el periodo de cuatro años estipulado por la ley aún no había finalizado, lo que permite que la acción penal continúe activa.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se opuso a la solicitud de la defensa, argumentando que el proceso judicial no ha sufrido dilaciones indebidas y se ha desarrollado conforme a lo establecido por la ley. Jonathan Pérez Fulcar, abogado del Ministerio Público, enfatizó la importancia de que el juicio avance para determinar la responsabilidad penal de Cáceres Silvestre y sus coimputados en los delitos que se les imputan.
Con esta decisión, el juicio contra el exjefe de seguridad presidencial y sus coimputados seguirá adelante en la fase correspondiente, donde se evaluarán las pruebas y se tomará una decisión sobre su culpabilidad. La próxima audiencia está programada para el jueves 2 de abril a las 2 de la tarde, un evento que seguirá siendo objeto de atención mediática y pública, dado el alto perfil del caso y su relevancia en la lucha contra la corrupción en el país.
La continuación del juicio representa un paso importante en el intento del gobierno dominicano por combatir la corrupción en la administración pública y enviar un mensaje claro sobre la impunidad. La expectativa se mantiene en torno a las próximas audiencias y los posibles desenlaces de un caso que ha capturado la atención de la sociedad dominicana y que pone a prueba la efectividad del sistema judicial en la persecución de actos de corrupción.
