Emma Polanco será la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas
Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo — El Senado de la República aprobó este martes la designación de los cinco dominicanos que conformarán el nuevo pleno de la Cámara de Cuentas para el periodo 2025-2029, cuyo juramento está previsto para este miércoles. La elección, realizada por una comisión especial y respaldada en la sesión plenaria, contó con el respaldo unánime de los 29 legisladores oficialistas, mientras que los senadores opositores presentaron un informe disidente que expone sus motivos de rechazo a la conformación del órgano fiscalizador.
La lista aprobada coloca a Emma Polanco al frente de la Cámara de Cuentas como presidenta, acompañada de Francisco Tamárez en la vicepresidencia. Completan el pleno Francisco Franco, Ramón Méndez y Griselda Gómez como miembros del organismo encargado de la fiscalización y control de las cuentas públicas.
El Senado dominicano se caracteriza por tener una presencia minoritaria de las organizaciones políticas opositoras, representadas únicamente por tres senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), quienes fueron los únicos en firmar el documento disidente presentado ante el pleno, en el cual demandan una “revisión profunda” del proceso llevado a cabo para seleccionar la nueva dirección del órgano fiscalizador.
La negativa de los senadores opositores se enfoca principalmente en dos de las cinco personas seleccionadas, Francisco Tamárez y Griselda Gómez, pues ellos propusieron en su lugar a Eduard López Ulloa, exfiscal titular de Santo Domingo Oeste, y a Maribel Reyes. Ante esta postura, el senador Rogelio Genao, aliado al oficialismo, manifestó no comprender los argumentos de los opositores sobre la supuesta falta de inclusión en el proceso, ya que —según dijo— “hay una gran parte de consenso” entre los electos.
Falta de criterios en la evaluación y posibles conflictos de interés
Los senadores Omar Fernández, Félix Bautista y Eduard Espiritusanto, pertenecientes a la Fuerza del Pueblo, señalaron que durante el proceso se evidenció una “falta de criterio de conocimiento” en la evaluación de los 193 aspirantes que participaron en la selección.
Uno de los puntos más cuestionados por los opositores fue la ausencia de publicación de los resultados de las evaluaciones, lo que, a su juicio, impidió conocer de manera transparente cómo se valoraron los méritos, la experiencia y la formación en áreas clave como contabilidad, auditoría, administración pública y derecho.
Además, expresaron su preocupación por la inclusión de personas que recientemente ocuparon cargos dentro del Gobierno, específicamente mencionaron a Griselda Gómez Santana, quien fue directora de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria en la Dirección General de Presupuesto.
“Esto configura una clara línea de conflicto de intereses que puede comprometer la imparcialidad y objetividad que deben caracterizar el accionar de la Cámara de Cuentas”, advierten en el informe opositor.
Los senadores de la FP advirtieron que esta situación podría profundizar la percepción de que el control institucional está subordinado a intereses políticos, lo que debilitaría gravemente el régimen democrático y el Estado de derecho en el país. “Para nosotros no se trata de un simple desacuerdo político, sino de un compromiso con la construcción de instituciones fuertes”, enfatizaron.
Alerta a la ciudadanía y organismos internacionales
Ante este panorama, el bloque de senadores y diputados de la Fuerza del Pueblo unificó su posición para rechazar la elección y consideró necesario alertar a la ciudadanía, así como a organismos nacionales e internacionales de supervisión democrática, sobre los riesgos institucionales que, según ellos, implica esta designación.
Por su parte, el senador Guillermo Lama, presidente de la comisión especial encargada del estudio y selección, aclaró que el dictamen presentado estuvo apegado a las observaciones realizadas por los representantes, sin influencias políticas que hayan afectado el proceso.
Con esta nueva configuración, la Cámara de Cuentas iniciará un nuevo ciclo de gestión que, según sus integrantes electos, buscará fortalecer la fiscalización y el control de los recursos públicos en un contexto marcado por la controversia política y el escrutinio ciudadano.
