“Indica que los empresarios, como es su caso, llevan años violando la Ley de Migración al emplear indocumentados en sus propiedades”, añadió Rosario, quien no escatimó en señalar que la situación plantea una grave alerta para el presidente Abinader. Para el exfuncionario, es preocupante que uno de sus ministros haya admitido públicamente la infracción de la ley, lo que podría tener repercusiones s negativa en la percepción de la gobernanza actual.
Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo – En un momento de creciente tensión sobre la gestión de la migración en la República Dominicana, Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral y destacado dirigente político de la Fuerza del Pueblo, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que actúe con coherencia en el manejo de las políticas migratorias, enfatizando la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de la Constitución.
El pronunciamiento de Rosario surge como respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien justificó el uso de inmigrantes ilegales haitianos en el sector agrícola del país. Según Cruz, su postura responde a un enfoque humanista, pero Rosario no tardó en cuestionar la sinceridad de este argumento. “El referido ministro argumenta un humanismo que nos lleva a cuestionar su verdadero interés detrás de sus planteamientos”, afirmó Rosario, sugiriendo que su defensa de los indocumentados es un intento de encubrir la violación de la Ley de Migración.
“Indica que los empresarios, como es su caso, llevan años violando la Ley de Migración al emplear indocumentados en sus propiedades”, añadió Rosario, quien no escatimó en señalar que la situación plantea una grave alerta para el presidente Abinader. Para el exfuncionario, es preocupante que uno de sus ministros haya admitido públicamente la infracción de la ley, lo que podría tener repercusiones s negativa en la percepción de la gobernanza actual.
Rosario recordó que menos de una década atrás, el gobierno dominicano había implementado el Plan de Regulación Migratoria, en virtud de la Ley 169-14, que ofrecía una oportunidad para regularizar a los trabajadores migrantes. “Si el ministro Cruz hubiera tenido buenas intenciones, habría aprovechado esa oportunidad para regularizar legalmente a dichos trabajadores”, enfatizó.
El expresidente de la JCE también subrayó que la práctica defendida por el ministro no solo contradice la ley, sino que podría estar contribuyendo a un problema más profundo: el tráfico de personas. “El actual gobierno busca proyectar un interés en la defensa de la soberanía e identidad nacional, pero en la práctica está consolidando el negocio de tráfico de personas de origen extranjero, abusando de ellas por su situación irregular”, sostuvo Rosario.
En su llamado a la acción, el dirigente político insistió en la necesidad de someter a la justicia a las empresas que transportan o contratan inmigrantes irregulares, advirtiendo que esta situación no solo menoscaba la soberanía nacional, sino que también vulnera los derechos de los trabajadores migrantes.
Con el trasfondo de un debate sobre migración y derechos humanos, las declaraciones de Rosario añaden una nueva capa de complejidad al discurso nacional, mientras el gobierno enfrenta la presión de balancear la economía agrícola con la necesidad de cumplir con las leyes de inmigración y proteger la soberanía del país. La comunidad política y social de la República Dominicana observa de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuáles serán las acciones concretas del gobierno en respuesta a estas preocupaciones.
