Por Thiago Zorrilla Acosta
En un ambiente de rechazo total y determinación, cientos de personas se dieron cita ayer en el Congreso Nacional para expresar su rotundo desacuerdo al polémico proyecto de ley “Transformación Fiscal”, que actualmente estudia la Cámara de Diputados. La jornada, que comenzó a las 10:00 de la mañana, se convirtió en un espacio de debate en el que comunitarios, empresarios y representantes de diversos sectores alzaron sus voces contra los puntos propuestos por el gobierno dominicano.
Las vistas públicas se desarrollaron en un clima de tensión, donde los participantes coincidieron en que las medidas planteadas podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) hasta el Colegio Médico Dominicano (CMD), pasando por asociaciones de detallistas y sectores textiles, todos manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma fiscal.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, un grupo de manifestantes se unió a la causa, exigiendo la anulación total del proyecto. La unidad en el rechazo unánime, con voceros de distintas agrupaciones proponiendo alternativas que, a su juicio, podrían beneficiar a la economía sin perjudicar a los ciudadanos.
Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación de las exenciones fiscales, una medida que, según los críticos, podría afectar gravemente a sectores como la construcción y el cine. Cristián Molina, representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofodi), advirtió que la reforma podría llevar a un retroceso en el acceso a la vivienda para millones de dominicanos, mientras que Annerys Meléndez, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), destacó que la eliminación de tasas diferenciadas podría incrementar los costos de las viviendas en un 12.5%.
Por su parte, Hans García, presidente de la Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), defendió los incentivos fiscales que actualmente benefician a la industria cinematográfica, señalando que la propuesta del gobierno podría amenazar miles de empleos y afectar la producción local.
El clima de descontento también fue reflejado por figuras políticas como el excandidato presidencial Carlos Peña, quien calificó la reforma de “inconstitucional” y anunció acciones legales para impugnarla. Asimismo, Virginia Antares, excandidata presidencial por Opción Democrática, describió la iniciativa como injusta y perjudicial para las mayorías.
Las vistas públicas concluyeron sin un consenso claro, pero con un mensaje contundente: el pueblo dominicano no está dispuesto a aceptar cambios que comprometan su bienestar y estabilidad económica. La presión sobre la Cámara de Diputados para reconsiderar el proyecto de ley “Transformación Fiscal” se intensifica, y la voz de la ciudadanía se hace cada vez más fuerte. La lucha por una reforma fiscal justa y equitativa se mantiene en pie, y el futuro económico del país pende de que los legisladores y el gobierno escuchen la voz del pueblo y sus organizaciones representativas en esta crucial batalla.
