ARSENIO HERNANDEZ FORTUNA
Ante los nuevos debates sobre una posible reforma constitucional, reproducimos la propuesta hecha por Arsenio Hernández Fortuna, en representación del Frente Amplio, ante el Consejo Económico y Social.
«La propuesta oficial para reformar nuevamente la Constitución del 2010-2015 es bastante superficial. Una nueva reforma a la Carta
Magna sólo tendría sentido si se hiciera para responder a las más sentidas necesidades de cambios reales para la modernización de la sociedad, a la superación de los obstáculos que frenan el desarrollo pleno de las mayorías, de ingresos medios y bajos.
Otra modificación a la Ley Fundamental debería orientarse, entonces, hacia por lo menos cuatro ejes fundamentales:
1) redistribución de las riquezas; 2) fortalecimiento de la Justicia, los tribunales; 3) profundización del proceso democrático y 4) defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, hay otros temas que podrían tratarse en un estudio detallado para hacer esas reformas.
1.- Se debería restablecer el principio constitucional de 1963 sobre que las empresas privadas deben repartir parte de sus beneficios entre los trabajadores. Algunas compañías importantes han concedido a sus empleados durante años el equivalente a un sueldo o dos de bonificación, en el mejor de los casos; en el entendido de que era el equivalente al 10% de los beneficios anuales. Pero con la extraordinaria acumulación de capital de unas cuantas grandes empresas criollas, que han vendido la mayoría de sus acciones a extranjeros, lo justo sería ahora que se establezca constitucionalmente que las grandes compañías, nacionales y foráneas, repartan al menos el 25% de los beneficios entre sus trabajadores; el 20% de las medianas y el 15% de las pequeñas.
La redistribución de la riqueza socialmente producida es el punto clave de todo conglomerado humano, que se discute desde el Código de Hammurabi, promulgado 18 siglos a.C. Por lo cual, además, se debería establecer un sueldo mínimo superior al costo de la canasta familiar del quintil de más bajos ingresos de la población y un tope a los sueldos de los altos funcionarios en base a un múltiplo de ese sueldo mínimo.
La desigualdad de ingresos en RD es muy pronunciada: “En el mes de septiembre del año 2021 se observa que el 32.40% de los empleos en el mercado laboral perciben salarios entre 15 mil a 30 mil pesos, seguido el 26.16% de los empleos que perciben salarios entre 10 mil a 15 mil pesos y el 15.18% que tienen ingresos entre 5 mil y 10 mil” (Seguridad Social, Tesorería. Panorama Laboral del SDSS). A esos datos hay que agregar que el 4.26% de los cotizantes en la Seguridad Social gana menos de cinco mil pesos, para sumar sólo un 22% que recibe por encima de los 30,000 pesos, algo más de quinientos dólares; mientras hay funcionarios que tienen sueldos de más de 20,000 dólares.
2.- La Constitución del 2010 dividió y, por consiguiente, DEBILITÓ el poder concentrado de la Justicia. En vez de una Suprema Corte fuerte, tenemos, además, un Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Superior Electoral chocando entre sí. Una reforma constitucional debería fortalecer UNA Suprema Corte de Justicia con sus salas correspondientes. A esto hay que agregar la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de la SCJ y el procurador general de la República sean designados por la Asamblea Nacional o Congreso unicameral.
3.- Para profundizar el proceso democrático se debería establecer el Poder Municipal como primer poder del Estado, tal como lo plantea Juan Pablo Duarte, en su Proyecto de Constitución, por ser el más representativo de todos. También, prohibir la reelección consecutiva, presente en numerosos textos constitucionales desde el fundacional de 1844, alterado por el nefasto artículo 210 de Pedro Santana. Se debería reducir sustancialmente el exceso de autoridad del presidente de la República, consagrada en el artículo 128 de la actual Constitución, que es, en esencia, el muy criticado art. 55 de la del 1966. En especial se debería pasar el control del Presupuesto al Congreso Nacional, entre otras medidas.
4.- Una reforma constitucional debería limitar la posesión de tierra en manos de compañías extranjeras que pueden convertirse en una especie de Estado dentro del Estado, pasando a ser un peligro para la soberanía nacional. Ninguna compañía extranjera debería poseer más del 0.5 % del territorio nacional y en conjunto no deben pasar del 10%. Ya hay un precedente peligroso con el Central Romana, en el Este, el cual por momentos actúa como un Estado dentro del Estado, con más de 1,200 km² de extensión. En Argentina, en que cabe RD 55 veces y sobraría terreno, se promulgó una ley que limita la posesión de tierra por extranjeros hasta el 15% de la totalidad de su territorio, el cual alcanza más de dos millones 780 mil km²…
Otro elemento clave en la democratización de la sociedad sería convertir la presidencia de la República en un órgano colectivo como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, con la elección de dos vicepresidentes y un consejo de ministros que funcione como tal, como se estila en otros países, acercándose a las democracias parlamentarias.
Derecho a elegir para los militares y policías
En una nueva reforma constitucional se debería incluir también el derecho a elegir y ser elegibles para los militares y policías dominicanos, vanguardia en la defensa de la soberanía nacional y el sostenimiento del orden público, que es la más alta tarea política que tiene un pueblo una vez se constituye en Estado. Por tanto, es contradictorio que se niegue derechos politicos precisamente a quienes tienen tan alta responsabilidad política en una sociedad democrática que, por demás, no debe excluir ciudadanos sin razón valedera.
Ejerciendo el derecho a elegir y ser elegibles, los militares dominicanos tendrían, además, suficiente autoridad para denunciar cualquier intento de narigoneo de nuestras FA por asesores extranjeros, especialmente de EEUU, quienes efectúan constantemente visitas y ejercicios que parecen más dedicados a influir y acostumbrar nuestros oficiales a la voz de mando de esos consejeros y a ocuparse de lo que interesa a esa potencia, en vez de concentrar su atención y su trabajo en la defensa de la soberanía dominicana.
Reducción de provincias y municipios
Otros muchos temas podrían incluirse en una nueva reforma constitucional para la modernización de la sociedad, entre ellos la elección de los gobernadores(as) provinciales y el reordenamiento territorial, reduciendo la excesiva cantidad de provincias y municipios en un país bastante pequeño; con un mínimo de un millón de habitantes para las primeras y 100 mil por cada municipio, evitando así la extraordinaria dispersión y exceso de burocracia que consume recursos y tiempo; convirtiendo el Estado en una maquinaria pesada, poco eficiente y altamente costosa.
Congreso unicameral
Por igual, otra modificación constitucional podría incluir la creación de un Congreso unicameral, reduciendo los trámites burocráticos para la aprobación de leyes, con el resultado de una legislatura más ágil, eficiente y eficaz; además de que se podría elevar la representatividad a un diputado por cien mil habitantes, 10 por un millón, lo que reduciría el total de legisladores de más de 200 en la actualidad a algo más de cien; que podrían hacer un mejor trabajo, con menos cantidad y elevando los requisitos para elegirles. En fin, una nueva reforma constitucional debe ir más allá de lo que plantea la propuesta del Gobierno, es decir, debe ser propia de un Partido Revolucionario Moderno.
