“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”. Sófocles
Las estafas a través del uso de la tecnología desde las cárceles dominicanas en los últimos 20 años han ido en aumento de manera desproporcionada, miles de dominicanos son chantajeados, manipulados, extorsionados y suplantados en su identidad a través de las redes sociales por delincuentes que se sustentan en la más alta tecnología usada de manera ilegal desde sus celdas, incluso han implementado el uso de la inteligencia artificial ante la mira indiferente de las autoridades penitenciarias.
Es lamentable abominable e irracional observar como algunos funcionarios con la autoridad para desmantelar estas bandas, no prohíben estos actos delincuenciales, y al contrario ellos normalizan tales situaciones de estafas y chantajes a través de la tecnología.
Los hechos delictivos desde los recintos penitenciarios, abordados por algunas autoridades ante la opinión pública con normalidad, demuestran que los antisociales hacen y deshacen a su antojo desde las cárceles del país. Es una vergüenza nacional ser testigo de un sistema carcelario, cómplice, sumiso y permisivo ante estas lacras humanas.
Es sorprendente ver como históricamente las autoridades de los últimos cuatro gobiernos; Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el actual Luis Abinader, admiten sus ineficiencias y desfachatez ante una situación que ha afectado a tantas personas y familias en el país.
Es agobiante escuchar a los que están llamados a poner el orden y hacer cumplir la ley, abordar un tema tan delicado como es las estafas a través de suplantación de identidad y el uso de la tecnología como si se tratara de algo normal e incontrolable para el Estado Dominicano.
Recordemos el impresionante descubrimiento en el año 2024, la instalación de parábolas de internet satelital marca Starlink en las cárceles La Victoria, publicada por los medios de comunicación, misma que eran utilizadas para todo tipo de delitos, debe llenar de vergüenza no solo al director de presiones, sino a todo el aparato de justicia en la República Dominicana y por supuesto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
Es cierto que en su momento las autoridades de entonces desmantelaron estas parábolas, pero ahora es preciso hacer varias preguntas:
¿Cuánto tiempo tenían estas parábolas instaladas?
¿Quién dio la autorización para la instalación de las mismas?
¿Hubo consecuencias en contra de las autoridades que permitieron la colocación de las mismas?
Son algunas de las interrogantes que les hacemos a las autoridades ante el inusual hallazgo el cual ha permitido que miles de dominicanos sean ultrajados a través de la tecnología y estos aparatos.
A continuación plasmamos lo vivido por una de las víctimas de estos casos de ciberacoso, chantaje y estafa, se trata del empleado privado Wilo.
Wilo, a quien intentaron ultrajar, nos relata, que estaba ubicado en su espacio de trabajo y recibió una video llamada, la cual no tomó por sospechar que se trataba de una estafa, ya que el mismo procedía de un número desconocido para él.
Notó algo sospecho en esta llamada quien, acto seguido recibió un mensaje en dónde los delincuentes cibernéticos le envían una imagen con su perfil y dos jóvenes menores de edad desnudas acompañado de un texto intimidatorio, con el intento de chantaje donde solicitaban la suma de 50 mil pesos para no difundir el montaje con su imagen anteriormente mencionado, presentándolo como un pedófilo.
Wilo ante este ciberacoso y chantaje de parte de los antisociales de una de las cárceles dominicana, procedió a responder a los delincuentes dejándolo en evidencia y cerrando todo tipo de comunicación con ellos.
Debido a la gravedad de estos actos delincuenciales a través del uso de la tecnología, el Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, el año pasado presentó unas estadísticas con relación a los delitos, estafas y demás a través de las cárceles que espantan a toda la población.
Mazara, señaló que el 90% de las llamadas fraudulentas en el país provienen de las cárceles y las mismas son realizadas a través de teléfonos que los mismos delincuentes sustraen de los ciudadanos en las calles al ser atracados.
Estos bochornosos hallazgos del director de Indotel, es preciso continuar preguntado:
¿Dónde están los directores o encargados penitenciarios que han permitido estos actos delictivos?
¿Por qué razón estos altos oficiales que dirigen recintos penitenciarios como el 15 de Azua, la de Rafey en Santiago de los Caballeros, Anamuya de Higüey y la del Pinito de La Vega, son los mismos señalados por el director de Indotel como las de mayor flujo para cometer estos hechos delictivos, no son investigados?
Otro dato interesante que aportó el director ejecutivo de Indotel reiteramos a finales del año 2024 es que el 36% de los delitos que se efectúan en el país se usan a través de los teléfonos, por tal razón cualquier iniciativa tendente a controlar desde las cárceles el uso de los celulares será bien recibida por la población cansada de recibir llamadas engañosas.
La llegada de Guido Gómez Mazara al Indotel consideramos fue acertada por el presidente Luis Abinader. Deberían los jefes de esas cárceles controladas por los delincuentes tecnológicos saber que se están dando los pasos para que esos reinados de ultraje, chantaje y estafa lleguen a su fin.
Ahora la sociedad espera que el anuncio hecho en el 2024 por el señor Mazara con relación al acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de instalar bloqueadores de señales en los recintos penitenciarios se logre concretizar y de esa forma acabar con el negocio de la impunidad y que casos como el de Wilo no se vuelvan a repetir en la República Dominicana.
Hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader, al director del Indotel Guido Gómez Mazara, y al Congreso dominicano; pongan en marcha una modificación amplia a la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, no es viable poder luchar, perseguir esta práctica delictiva, como el ciberacoso, chantaje y el robo de identidad desde las cárceles con una ley obsoleta y que no castiga de manera ejemplar está práctica dañina y abusiva.
Esta nueva ley debe modificar algunos artículos entre ellos el 106 y la tipificación de las faltas graves, por ejemplo en lo que se refiere al acápite b) La utilización del dominio público del espectro, radio electrónico sin la correspondiente licencia o el uso de frecuencias distintas a las autorizadas, además del e) en lo relativo a la producción no deliberada de interferencias perjudiciales definidas como tales en las normas y estándares internacionales, incluyendo las producidas por defectos de los aparatos o equipos, además del f) con relación a la conexión de aparatos o equipos no homologados que produzcan daños graves a las redes de telecomunicaciones o a terceros.
También es urgente modificar los acápite h) el cual regula la utilización de los servicios de telecomunicaciones para fines distintos de los que se hubieran autorizado por el órgano regulador y el g) el cual castiga la alteración o manipulación de las características técnicas, marcas, etiquetas o signos de identificación de equipos o aparatos, quedando excluidos los equipos de radioaficionados, siempre que no hayan sido adquiridos en el mercado y se destinen a este servicio.
En fin, esta nueva Ley General de Telecomunicaciones debe ser adecuada a la realidad social de la República Dominicana.
