El presidente comunicó al Congreso el cese de enfrentamientos directos al vencer el plazo de la Ley de Poderes de Guerra, mientras las tropas estadounidenses permanecen activas en la región y la presión naval estrangula la economía iraní. La maniobra evita una autorización legislativa y desata un debate sobre los límites del poder ejecutivo.
Por Julio Guzmán Acosta
En una hábil maniobra que sortea el control del Congreso y reescribe los bordes de la legalidad bélica, el presidente Donald Trump declaró oficialmente ante el Legislativo que Estados Unidos ha cesado las hostilidades contra Irán. La notificación, remitida a última hora del viernes a los líderes del Capitolio, llegó justo al expirar el plazo de 60 días que fija la Ley de Poderes de Guerra, ese viejo dique diseñado para contener el ímpetu belicista del Ejecutivo.
Pero la realidad sobre el terreno —o, más precisamente, sobre las aguas— dibuja un mapa muy distinto. Las tropas estadounidenses no solo siguen desplegadas en Asia Occidental, sino que el cerco naval impuesto a la República Islámica se mantiene intacto, asfixiando sus exportaciones petroleras con la misma intensidad que durante los días más álgidos del enfrentamiento. El único combate que parece haber cesado es el de los disparos cruzados; la guerra económica y la presión militar, en cambio, continúan.
La Casa Blanca sostiene que, al no registrarse enfrentamientos directos desde principios de abril, el conflicto iniciado a fines de febrero ha concluido. Bajo esa interpretación, el Gobierno queda liberado de solicitar al Congreso una nueva autorización para proseguir con las acciones militares en el extranjero. Una lectura audaz que ya ha encendido las alarmas entre juristas y legisladores demócratas, quienes advierten que la presencia prolongada de fuerzas y el bloqueo constituyen, en los hechos, actos de hostilidad continuada.
En paralelo, Trump desechó una reciente propuesta de paz canalizada por mediadores internacionales desde Teherán. El mandatario calificó el planteamiento como “inaceptable” y se limitó a señalar que contenía exigencias capaces de cruzar las líneas rojas de Washington. “El acuerdo tiene que ser el correcto, y en este momento no lo es”, declaró antes de abordar el Air Force One con destino a Florida. Ni una palabra más sobre el contenido del documento.
El presidente defendió, además, la permanencia del bloqueo naval, al que definió como una herramienta “increíblemente poderosa”. Levantarlo ahora, argumentó, equivaldría a desprenderse de una ventaja estratégica mayúscula frente al régimen de los ayatolás. Desde el Pentágono respaldaron la postura ejecutiva al sostener que el cese al fuego modifica el cómputo del plazo legal, lo que permitiría extender la intervención sin necesidad de un nuevo visto bueno legislativo.
Mientras Washington afina su argumentación jurídica, Teherán responde con una dosis de retórica firme. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aprovechó el mensaje por el Día Nacional del Golfo Pérsico para sentenciar que cualquier intento de bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz está “condenado al fracaso”. A su juicio, restringir el tránsito en esa arteria marítima no solo viola el derecho internacional, sino que siembra inestabilidad regional y global. “La presencia militar extranjera no ha traído más que tensiones”, afirmó, cerrando con un augurio: la paz duradera no se edifica sobre el asedio.
El escenario, así, permanece en vilo. Oficialmente, la guerra ha terminado. En los mapas del Pentágono y en las rutas de los petroleros, sin embargo, la contienda sigue su curso silencioso. Y el Congreso, una vez más, asiste desde la orilla.
