La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. Tres décadas antes, Balaguer creó a las igualas y seguros médicos privados y ordenó la afiliación masiva de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar y fortalecer al IDSS.
ARISMENDI DÍAZ SANTANA
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS
El Dr. Roa es un profesional con grandes luces, pero a veces opacadas por una defensa radical del mercantilismo gremial. Recientemente le declaró a la destacada periodista Altagracia Ortiz que las aseguradoras fueron creadas por la Ley 87-01, que son innecesarias y que deben eliminarse.
La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. No creó a las ARS porque ya tenían más de tres décadas de existencia, y con una gran aceptación. Sólo el fanatismo gremial puede ignorar estas realidades, ampliamente documentadas en documentos oficiales, en múltiples informes de los organismos internacionales y en varios libros escritos por médicos ilustres.
Balaguer fue el principal privatizar, pero no el único: 1) creó las aseguradoras privadas mediante la Ley 772 del 1967; 2) financió la construcción de grandes clínicas privadas y la ampliación de decenas de centros de salud privados, y 3) autorizó la afiliación masiva a las igualas y seguros privados de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar al IDSS y ampliar su cobertura.
Antes de la Ley 87-01, por cada tres con algún seguro de salud, dos estaban afiliados a esas aseguradoras privadas y sólo uno al IDSS. Decenas de miles de trabajadores tenían una doble afiliación y cotización porque no confiaban en el IDSS. Nuestro país fue el único en el mundo en donde los seguros privados voluntarios superaban con creces a los afiliados al seguro social obligatorio.
Al momento de redactar la Ley 87-01 ya existían 40 igualas y seguro de salud, con más de 600,000 afiliados quienes, desde más de tres décadas, recibían un mejor servicio, ejerciendo la libre elección, nada de lo cual les ofreció un IDSS politizado, corrompido, clientelista, burocratizado y totalmente dominado por los gremios profesionales.
Esas igualas y seguros tenían un gran apoyo político ya que todos los altos funcionarios públicos, congresistas, ejecutivos privados y de las instituciones autónomas y descentralizadas, estaban afiliados a ellas, recibiendo servicios continuos, flexibles y humanizados. Por eso todas las propuestas tendentes a eliminarlas fueron rechazadas por los trabajadores privados y públicos, y por el sector empresarial, empeñado en evitar que la doble cotización continuara multiplicándose.
La Ley 87-01 cumplió con el principio de respetar los derechos adquiridos. ¿Por qué excluirlas si tenían mayor aceptación, cumplían con las Leyes y aceptaron ser reguladas, habilitadas y supervisadas por el Estado? ¿Por qué ignorar los derechos adquiridos de más de 600,000 afiliados a esas aseguradoras? ¿Por qué eliminar el derecho de los afiliados a la libre elección?
Según una encuesta del 2023 del MISPAS la mayoría de los afiliados están satisfechos con los servicios de su ARS, y así lo consigna el PLANDES 2030 en su Pág. 78. Entonces, ¿por qué eliminar un servicio necesario y que libremente es aceptado por la mayoría de los afiliados?
Porque existen grupos de médicos que tienen más de 4 décadas ejerciendo la medicina como chivos sin ley, sin controles, fiscalización, supervisión, ni rendición de cuentas. Que quieren continuar haciendo negocios con la enfermedad y se oponen a la promoción y prevención, sin importarles la alta mortalidad materno-infantil ni el enorme gasto familiar de bolsillo.
Antes eran bienvenidas porque fueron creadas y propiedad de centenares de médicos visionarios. Pero ahora hay que eliminarlas porque, dentro de sus funciones, exigen el cumplimiento de los protocolos y detectan los fraudes y los excesos de minorías de médicos y clínicas faltos de ética. Controles básicos para asegurar el equilibrio financiero del PBS y garantizar el derecho universal a la salud.
Cierto que las ARS tienen fallas y malas prácticas; que hay ARS privadas y públicas que no cumplen con sus funciones, y que deben ser eliminadas en los casos de reincidencia. ¿Pero, por qué se rechazan de plano y no se acepta nuestra propuesta de realizar una evaluación objetiva de la función y del desempeño de las ARS?
