Todo eso ocurre cuando la mayoría de los funcionarios públicos tienen salarios por debajo del costo de la canasta familiar y en los ayuntamientos, otra administración del estado, tienen sueldos de miserias.
JULIO GUZMÁN ACOSTA
Las discrepancias salariales en el sector público dominicano, son un verdadero escándalo y un día si y el otro también son generadoras de polémica. Asistentes técnicos que ganan más que ministros y directores con salarios superiores al del presidente de la República. La nómina estatal, que registra entre 700,000 y un millón de empleados, debería estar bajo escrutinio, pero las iniciativas para esos fines no han prosperado, como un anteproyecto de ley para normalizarla, que no termina de despacharse desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Un asistente técnico de Edesur Dominicana tiene un salario superior al de cualquier ministro, y un director del Banco Central de la República Dominicana gana más que el presidente Luis Abinader. Estas discrepancias en los salarios del Estado son un tema espinoso que no ha desembocado en una discusión profunda. Algunos puestos, como los relacionados con el Banco Central y los organismos de regulación financiera y fiscal, justifican salarios acordes debido a sus requerimientos académicos y técnicos elevados. Sin embargo, otros parecen prescindir de un perfil preciso y son ocupados por políticos del partido de turno, sin criterio profesional alguno.
La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado establece los sueldos para el Gobierno Central y las entidades descentralizadas. Estos salarios varían desde menos de 10,000 pesos, como el de un obrero de las alcaldías, hasta más de 1,600,000 pesos, que gana la máxima autoridad del Banco Central. A pesar de esta normativa, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, considera que es defectuosa debido a los topes salariales establecidos.
Actualmente, el presidente de la República gana 450,000 pesos mensuales, mientras que la vicepresidenta, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y los magistrados del Tribunal Constitucional ganan 400,000 pesos. Otros funcionarios, como los ministros, la procuradora general de la República, el contralor y el defensor del pueblo, reciben 300,000 pesos. Sin embargo, la misma ley permite que las instituciones descentralizadas establezcan su régimen de remuneraciones. Por ejemplo, dos asistentes técnicos de Edesur Dominicana tienen salarios de 335,000 pesos, más altos que el de cualquier ministro, que por ley gana 300,000 pesos. Además, los directores de Aduanas e Impuestos Internos ganan 630,919 y 598,772 pesos, respectivamente, superando el salario de su superior inmediato, el ministro de Hacienda, y el del presidente de la República.
En el 2021, Participación Ciudadana analizó las “diferencias abismales” en los salarios públicos e instó al Estado a corregir estas anomalías, argumentando que vulneran el derecho de los trabajadores a tener sueldos dignos y de calidad. Años después, parece que poco ha cambiado en este aspecto.
