Por Julio Guzmán Acosta
En un país donde el salario promedio mensual apenas alcanza los 25,000 pesos, las cifras de pensiones que reciben algunos exmagistrados y altos funcionarios del Estado dominicano parecen desafiar cualquier noción de justicia social. El exmagistrado Milton Ray Guevara, por ejemplo, disfruta de una pensión de 733,000 pesos al mes, una cantidad que contrasta de manera alarmante con los 20,000 pesos que, en promedio, perciben los empleados de la Junta Central Electoral (JCE). Esta disparidad no solo se limita a Guevara; otros altos funcionarios también se benefician de pensiones similares, lo que plantea serias preguntas sobre la equidad en la distribución de recursos públicos.
Roberto Rosario, ex presidente de la JCE, recibe 318,750 pesos mensuales, mientras que Eddy Olivares y José Ángel Aquino, también exjueces de la institución, tienen pensiones de 252,000 pesos cada uno. Estas cifras son, sin duda, obscenas en un país donde la mayoría de los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. En la Republica Dominicana, donde la pobreza y la desigualdad son temas recurrentes, el hecho de que unos pocos disfruten de pensiones que superan en más de 30 veces el salario promedio de los trabajadores es un despropósito que clama por atención y que no se puede seguir permitiendo.
La situación se vuelve aún más crítica si se considera que estos altos funcionarios, en su mayoría, acceden a estas pensiones tras haber ocupado cargos de gran responsabilidad y devengaban salarios iguales o superiores a las referidas pensiones en instituciones como el Banco Central, la Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electora y la JCE. La percepción de que estas pensiones son un privilegio exclusivo de unos pocos, mientras que el resto de la población enfrenta dificultades económicas, genera un profundo descontento social.
El gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en vez de querer imponer nuevos impuestos, que pagaran los más desfavorecidos, debían procurar eliminar esos privilegios, con lo cual ahorrarían al Estado miles de millones de pesos. Si realmente desean actuar con justicia y responsabilidad, deben abordar esta situación con urgencia. La reducción o eliminación de estas pensiones desproporcionadas no solo sería un acto de justicia social, sino también un paso esencial hacia la recuperación de la confianza del pueblo en sus instituciones.
La propuesta de reforma debería incluir un análisis exhaustivo de las pensiones de altos funcionarios y la creación de un sistema más equitativo que garantice que los recursos del Estado se distribuyan de manera justa. En un momento donde la población demanda cambios reales, es imperativo que el gobierno tome medidas ejemplarizadoras para cerrar esta brecha salarial y demostrar que la justicia y la equidad son valores fundamentales en la administración pública.
La indignación que genera este tema es para que la sociedad dominicana ejerza presión social para que se eliminen esos privilegios. Los ciudadanos debemos exigir que se tomen decisiones que reflejen sus necesidades y realidades, y que no se permita que el privilegio de unos pocos continúe a expensas del bienestar colectivo. Es hora de que el gobierno escuche estas demandas y actúe en consecuencia, porque en la lucha por la justicia social, cada peso cuenta.
