Por Juan Diego Quesada y Juan Miguel Hernández Bonilla
Una mañana cristalina de abril de 2022, Gustavo Petro surcaba el cielo en un Super King Air 300 de asientos de cuero y acabados de madera. A bordo de ese avión bimotor llegaba a hacer campaña a los lugares más remotos del país. Ese día llevaba obedientemente puesto el cinturón. Recordaba con pesadumbre que semanas atrás había cruzado una zona de turbulencias y en una sacudida había dado con la cabeza en el techo, lo que le había provocado una herida que ocultaba ahora debajo de una gorra.
El cinturón le mantenía fijo y seguro en el asiento. Con la mirada perdida a través de la ventanilla, comenzó una larga disertación sobre la historia del poder en Colombia desde sus mismos orígenes. En resumen, una élite blanca criolla se había atornillado en los puestos de influencia desde el principio y pasado el testigo a través de los siglos, hasta el mismo sol de hoy. Se refiere a esa casta como “los españoles”.
Petro tiene un conocimiento muy profundo del establishment colombiano, se ha codeado con él en los últimos 30 años, aunque le guste cultivar esa imagen de outsider. Tiene amigos banqueros, millonarios, empresarios, periodistas influyentes. De otra manera difícilmente podría haber llegado al poder. Eso no significa que sea impostada su animadversión a la burguesía. Parte de su discurso se basa en cuestionar los privilegios de esa élite, que en realidad son muchas y se disputan el poder en Colombia, no es una sola y monolítica.
Dentro de esos enemigos discursivos se encuentran “los españoles”. Petro se rodeó de muchos de ellos durante la campaña, los ha integrado en su equipo o el de la primera dama y ha llegado a otorgarles la nacionalidad colombiana por decreto. Uno de sus yernos, al que ha tenido viviendo en casa, es de Valencia. Con eso se demuestra que no existe una animadversión concreta, sino una más bien teórica. Sin embargo, cuando en los asuntos que realmente le importan se le cruza un español el tema se puede volver personal.
Es lo que le acaba de ocurrir con el millonario Joseba Mikel Grajales, un vasco cuya fortuna está valorada en 230 millones de dólares. Es el dueño de EPS Sanitas, la promotora de salud que el Gobierno de Petro acaba de intervenir arguyendo que no cuadran sus cuentas. El presidente ha emprendido esta ofensiva contra las promotoras de salud con las que quiere acabar después de que haya sido rechazada en el Congreso su reforma de la salud, una de sus grandes metas desde que llegó al poder.
Así le ha sido endosada su mayor derrota política, pero lejos de amilanarse ha comenzado a desmontar el sistema actual como está concebido para crear algo nuevo que tiene a todo el mundo en vilo. Muchos ven en esta aventura un salto al vacío y la forma de dinamitar algo que funciona; él y Laura Sarabia, su mano derecha, en cambio creen que se trata de una forma rotunda de acercarse a un modelo público sanitario que acabe con las comisiones que se llevan las compañías.
Es decir, que acabe en los bolsillos de gente como Grajales, que también es dueño de las empresas de medicina prepagada Colsanitas y Medisanitas. Solo Sanitas tiene seis millones de usuarios y la segunda EPS más grande del país. Según el reporte de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, la empresa Keralty S.A.S, filial registrada en Colombia del grupo extranjero, reportó unos ingresos de más de 58 millones de dólares y una utilidad neta de casi 44. Keralty y otra empresa hicieron aportes a las campañas de los senadores que han logrado hundir en el Congreso la reforma.
Petro los ha acusado de venderse a capitales extranjeros que no tienen intereses en revertir el statu quo, españoles que se oponen al cambio que enarbola. “En la comisión séptima del senado (la que estudió y hundió el proyecto) nos derrotó Keralty por ahora”, escribió el presidente en su cuenta de X una vez se conoció el naufragio de su iniciativa. “No es cualquier cosa. Nos derrotaron unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros”.
Dos días después, el presidente insistió en la acusación con un punto más de agresividad: “Es humillante para la nación colombiana que millones de vidas de gentes pobres y de territorios y barrios urbanos excluidos y sin salud, quede sacrificada por tres o cuatro congresistas financiados por dineros extranjeros y por extranjeros que se han robado decenas de billones de pesos de la salud de toda la población colombiana”.
Petro lanzó ese mortero a unos senadores a los que acusaba de traición a la patria, casi. Era una declaración de guerra al Congreso, que al principio controlaba por una serie de pactos y negociaciones que ahora se han evaporado. La sombra de Grajales se cierne sobre un Petro que vive sus días más convulsos. Ha decidido actuar y, al tiempo que ha anunciado la convocatoria de una Asamblea Constituyente que no tiene mucha pinta de prosperar, ha empezado a realizar esta reforma sanitaria de facto, por la vía de los hechos.
El hombre que está en la punta de mira de Petro nació en Álava e hizo un pequeño emporio en el sector energético con las empresas Guascor y Gamesa, y desde 2016 saltó al negocio de la salud. En 2021 hizo parte de la lista Forbes de las 100 personas más ricas de España, aunque no es especialmente conocido en su país.
Hoy en día, es el presidente y el mayor accionista del grupo Keralty, una multinacional dedicada a prestar servicios sanitarios con presencia en más de diez países, incluidos Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana. En total, Keralty tiene cerca de 7 millones de clientes y más de 24.000 empleados. Keralty financió la campaña al congreso de 2022 de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres.
Petro, después, se refirió sin citarlos a los dueños de Keralty: “Al estado colombiano lo saquearon durante décadas a través de su sistema de salud y sus recursos de regalías y de inversión pública. En vez de garantizar los derechos de las gentes, unas personas, usando el poder público, permitieron el enriquecimiento de unos cuantos hipéricos y para ello llenaron el país de sangre y de muerte”. Wilson Arias, uno de los senadores más cercanos a Petro, y quien defendió con vehemencia la reforma sanitaria, señalo a Grajales como el gran enemigo:
“Este hombre es al que nos enfrentamos: el español Joseba Grajales. Dueño de Keralty y EPS SANITAS. Donó cientos de millones de pesos a partidos colombianos que hundieron la Reforma. Su patrimonio es de 250 millones de euros y tiene conexiones de élite. Un mercader de la vida”.
Otros congresistas de la corriente del Gobierno también han criticado a Grajales. El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, escribió en su cuenta de X: “¿Quién manda en Colombia? Solo bastó con una carta del magnate Joseba Grajales, dueño de la multinacional Keralty, para que la procuraduría de inmediato abriera investigación al Superintendente de Salud y luego irse a hacerle registro físico a la Superintendencia de Salud”.
Mondragón compartió una carta en la que Keralty le solicita a la procuradora Margarita Cabello que inicie investigaciones disciplinarias contra la Superintendencia. Después de la misiva, la Procuraduría envió a un equipo de cuatro funcionarios a la Superintendencia de salud. La delegada dijo ante los medios que no habían encontrado la documentación necesaria para hacer la intervención.
Además de la EPS y las dos empresas de medicina prepagada, Keralty es dueña de la Fundación Universitaria Sanitas, un centro educativo que ofrece pregrados y posgrados en carreras afines al sector salud como enfermería y psicología. Grajales también es dueño de la Clínica Reina Sofía, una de las más prestigiosas del norte de Bogotá; de la Clínica de Chía; de la clínica Iberoamericana en Barranquilla, de la Infantil Santa María del Lago y de la de Sebastián de Belalcázar en Cali. El poder de Grajales en el mundo sanitario es inmenso y choca ahora directamente con los intereses de Petro. El presidente se ha ido a topar de nuevo con “los españoles”.
