Por Julio Guzmán Acosta
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó recientemente sobre estadísticas relacionadas con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), generando cierta confusión respecto al número de órdenes de arresto pendientes de ejecutar. Sin embargo, las autoridades aclararon que las cerca de 30 mil órdenes de arresto pendientes corresponden en realidad a todas las agencias de seguridad del país y no solo a la DNCD.
Raful destacó la operatividad del sistema antinarcóticos, presentando datos específicos que, sin embargo, fueron interpretados erróneamente como si las órdenes de arresto pendientes fueran exclusivas de ese organismo. En realidad, los números reflejan un total acumulado que incluye órdenes emitidas por diferentes agencias y para todo tipo de infracciones.
Las órdenes de arresto, cuya ejecución requiere la anuencia de un juez, pueden mantenerse vigentes por períodos prolongados, incluso por más de una década. Esto se debe a que el registro incluye no solo prófugos, sino también personas declaradas en rebeldía y condenadas pendientes de cumplimiento de la sentencia.
Desde mediados de 2023, se implementó un nuevo sistema de gestión con el objetivo de corregir deficiencias en el manejo de estas órdenes. Entre las dificultades detectadas estaba el uso frecuente de apodos por parte de los imputados, lo que complicaba su correcta identificación y seguimiento.
Según las cifras oficiales, el sistema judicial ha aprobado un total de 37,732 órdenes de arresto. De estas, se han ejecutado 7,790 detenciones, mientras que 29,942 órdenes permanecen sin resolverse, es decir, pendientes de cumplimiento.
Declaraciones oficiales y contexto judicial
El director general de la Policía Nacional, mayor general Julio Ernesto Florián Pérez, explicó que las órdenes de arresto pendientes no pueden ser atribuidas a una sola dependencia, ya que abarcan a todas las agencias de seguridad que operan en el país, incluyendo la DNCD, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), entre otras.
Florián Pérez destacó que “la vigencia de estas órdenes judiciales responde a procesos legales complejos y en muchos casos a la falta de localización de los imputados, quienes a menudo utilizan identidades falsas o apodos, lo que dificulta su captura”.
Por su parte, la jueza coordinadora del Sistema de Gestión Judicial, magistrada Ana María Rodríguez, manifestó que el sistema judicial trabaja en la modernización y digitalización de los registros, con el fin de agilizar la identificación y seguimiento de los casos. “Estamos implementando herramientas tecnológicas que permitirán cruzar datos y facilitar la ejecución oportuna de las órdenes de arresto”, aseguró.
El nuevo sistema de gestión, implementado en 2023, ha permitido detectar inconsistencias y actualizar información, lo que se espera reduzca el número de órdenes pendientes en el corto plazo.
Desafíos y perspectivas
El manejo de órdenes de arresto pendientes es un reto que involucra a múltiples instituciones y requiere coordinación eficiente entre jueces, fiscales y agencias de seguridad. La prolongación de la vigencia de estas órdenes refleja tanto la complejidad de los procesos judiciales como las dificultades prácticas para localizar y detener a los imputados.
Autoridades de Interior y Policía han reiterado su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional, enfatizando que la modernización del sistema judicial es una prioridad para mejorar la seguridad ciudadana y garantizar el debido proceso.
