Oficiales de la policía salvadoreña escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados por Estados Unidos a El Salvador.
Julio Guzmán Acosta
El fenómeno del Tren de Aragua (TdA) ha trascendido las fronteras de Venezuela para convertirse en un tema de debate internacional, no solo por su impacto como organización criminal, sino también por su utilización como herramienta política en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Este reportaje profundiza en el alcance real de este grupo, su expansión regional, y cómo ha sido instrumentalizado por la administración de Donald Trump para justificar políticas migratorias draconianas y atacar al gobierno venezolano.
El Tren de Aragua: Origen y alcance real
El Tren de Aragua surgió en el estado Aragua, Venezuela, a principios de la década de 2010, inicialmente como una banda carcelaria. Con el tiempo, se expandió hacia otras regiones del país y luego a nivel internacional, estableciendo presencia en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Su actividad criminal abarca una amplia gama de delitos, incluyendo tráfico de drogas, explotación sexual, secuestros, extorsión y tráfico de personas.
Aunque el Tren de Aragua es una organización peligrosa, su alcance y capacidad operativa han sido exagerados en el discurso político. Según expertos en seguridad, el grupo no tiene la estructura ni el poder de los grandes carteles de droga mexicanos o de organizaciones como la MS-13. Sin embargo, su expansión internacional y su capacidad para infiltrarse en comunidades migrantes lo han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de varios países.
La narrativa de la administración Trump
La administración de Donald Trump ha utilizado al Tren de Aragua como un elemento central en su campaña para criminalizar la migración y justificar políticas antiinmigrantes. En marzo de 2025, la Casa Blanca acusó al «régimen hostil» de Nicolás Maduro de enviar a miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, afirmando que el gobierno venezolano mantiene «estrechos lazos» con la organización.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: «El Tren de Aragua fue enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela». Esta afirmación, sin embargo, carece de pruebas concretas y ha sido cuestionada por expertos en seguridad y derechos humanos. La administración Trump ha invocado una ley de 1798 para deportar a supuestos miembros del grupo a El Salvador, donde son encarcelados en condiciones de máxima seguridad sin un debido proceso.
El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ha intensificado esta narrativa, acusando a Maduro de mantener «estrechos lazos con los narcoterroristas patrocinados por el régimen». Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que el Tren de Aragua «está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha infiltrado el régimen de Maduro». Estas declaraciones han sido utilizadas para justificar la deportación masiva de migrantes venezolanos, muchos de los cuales son acusados de pertenecer al grupo sin pruebas contundentes.
La deportación de migrantes y la complicidad de gobiernos autoritarios
Una de las prácticas más controvertidas de la administración Trump ha sido la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua a El Salvador, donde son encarcelados en prisiones de máxima seguridad. Esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento del debido proceso.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, conocido por su enfoque autoritario en la lucha contra las pandillas, ha colaborado estrechamente con Estados Unidos en esta iniciativa. Bukele ha utilizado la retórica de la «mano dura» para justificar la detención y encarcelamiento de cientos de migrantes venezolanos, muchos de los cuales no tienen vínculos comprobados con el Tren de Aragua. Estas personas son sometidas a condiciones inhumanas, sin acceso a representación legal adecuada y sin que se respeten sus derechos fundamentales.
Esta colaboración entre Estados Unidos y El Salvador ha sido descrita como una «alianza contra los derechos humanos», en la que ambos gobiernos utilizan la lucha contra el crimen organizado como excusa para consolidar políticas represivas y violar los derechos de los migrantes.
La respuesta de Venezuela
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump, calificándolas como una «campaña de desinformación» destinada a desestabilizar a Venezuela. Maduro ha ordenado incrementar los esfuerzos para repatriar a los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos y otros países.
En un comunicado reciente, el gobierno venezolano anunció la llegada de 306 personas repatriadas desde México, en un esfuerzo por demostrar su compromiso con la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, las tensiones entre Caracas y Washington siguen siendo altas, especialmente en el contexto de las deportaciones masivas y las acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua.
La violación de derechos humanos y el peligro de la criminalización generalizada
La criminalización de los migrantes venezolanos bajo la premisa de su presunta pertenencia al Tren de Aragua ha llevado a una violación sistemática de sus derechos humanos. Muchos de estos migrantes son detenidos sin pruebas, sometidos a procesos judiciales irregulares y confinados en condiciones inhumanas.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado estas prácticas, señalando que la administración Trump y gobiernos como el de Bukele están utilizando la lucha contra el crimen organizado como una excusa para implementar políticas represivas y violar los derechos fundamentales de las personas.
Además, esta criminalización generalizada ha creado un clima de miedo y desconfianza hacia los migrantes venezolanos, lo que ha exacerbado la xenofobia y la discriminación en varios países de la región.
Conclusión: Entre el crimen y la política
El Tren de Aragua es, sin duda, una organización criminal que representa un desafío para la seguridad regional. Sin embargo, su instrumentalización política por parte de la administración Trump y gobiernos como el de Bukele ha llevado a una violación sistemática de los derechos humanos y a la consolidación de políticas represivas y autoritarias.
Es imperativo que la comunidad internacional exija transparencia y respeto por los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado. La criminalización de los migrantes y la utilización de grupos como el Tren de Aragua como herramientas políticas no solo son injustas, sino que también socavan los principios democráticos y el estado de derecho en la región.
La lucha contra el crimen organizado debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley y con un enfoque en la justicia, no en la represión. De lo contrario, estaremos permitiendo que el miedo y la desinformación se conviertan en herramientas de opresión y exclusión.
