El patrón es conocido en la región. Cuando los Estados abandonan su rol de garantes de derechos y optan por el discurso del miedo, siempre surgen actores que llevan esa retórica hasta sus últimas consecuencias
Por Julio Guzmán Acosta
Hay silencios que gritan. El mutis deliberado del gobierno dominicano ante el crecimiento de la llamada «Antigua Orden Dominicana» no es simple negligencia: es la expresión de un cálculo político perverso que está incubando un monstruo difícil de controlar. Lo que comenzó como grupúsculos marginales hoy muestra características inquietantes: orgánicas – estructura de mando, simbología compartida, capacidad operativa – que delatan un fenómeno más profundo que simples actos espontáneos de violencia.
El patrón es conocido en la región. Cuando los Estados abandonan su rol de garantes de derechos y optan por el discurso del miedo, siempre surgen actores que llevan esa retórica hasta sus últimas consecuencias. En República Dominicana, la ecuación es particularmente explosiva: una crisis humanitaria en Haití que empuja flujos migratorios, políticas fronterizas basadas en dejación de funciones, tráfico de influencias, mercancías, perdonas y la espectacularidad mediática más que en soluciones reales, y ahora, estos grupos que se erigen en «justicieros» de una patria imaginaria.
Lo preocupante no son tanto sus acciones concretas – aunque los ataques documentados contra haitianos, organizaciones civiles, intelectuales, organizaciones democráticas y defensores de derechos humanos sean gravísimos – sino su proceso de legitimación social. Las redes sociales muestran cómo su narrativa va permeando: primero como «exageraciones de la izquierda», luego como «preocupación legítima de ciudadanos», hasta llegar al actual «son necesarios ante la inacción estatal». Este desplazamiento del Overton window no es casual: responde a años de construcción de un enemigo interno, donde el haitiano pobre dejó de ser víctima de circunstancias históricas para convertirse en amenaza existencial.
El gobierno de Abinader juega un doble juego peligroso. Por un lado, mantiene formalmente el discurso institucional; por otro, alimenta mediante guiños y omisiones esta lógica de vigilantismo. Las deportaciones masivas sin garantías procesales, los operativos mediáticos en la frontera, la criminalización generalizada: todos son ingredientes que estos grupos paramilitares utilizan para justificar su existencia. Es el clásico «perro guardián» que muchos gobiernos permiten y ven necesarios, pero del que luego no pueden deshacerse.
La experiencia internacional debería servirnos de advertencia. Desde los escuadrones de la muerte en Centroamérica hasta los grupos neonazis en Europa, la historia muestra que cuando el Estado tolera estas estructuras, tarde o temprano se vuelven contra sus creadores. Ya hay señales preocupantes: algunos integrantes de estos grupos han comenzado a extender sus ataques contra periodistas y académicos que denuncian sus acciones. ¿Hasta dónde llegarán si no se les frena a tiempo?
La solución no puede limitarse a acciones policiales puntuales. Requerimos una desarticulación política e ideológica de este fenómeno. Esto implica:
1. Romper el círculo vicioso entre políticas migratorias demagógicas y violencia parapolicial
2. Reconstruir un discurso público basado en derechos humanos, no en estereotipos raciales
3. Investigar seriamente los vínculos entre estos grupos y sectores del aparato estatal
4. Crear mecanismos de protección real para comunidades vulnerables
El tiempo apremia. Cada día que pasa sin una condena clara, sin acciones contundentes, sin un cambio de rumbo, normaliza lo anormal. La pregunta no es si estos grupos crecerán – lo están haciendo – sino cuánto daño irreparable causarán antes de que el Estado cumpla con su deber elemental: proteger a todos quienes habitan este territorio, sin distinción de origen o estatus migratorio.
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Julio Guzmán Acosta
Director Ejecutivo de Umbral.com.do
