Umbral

El costo humano de la política migratoria de Trump: familias destrozadas y una nación al borde de una crisis constitucional

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Sin proporcionar información específica, el funcionario de Trump sostuvo que la mayoría de los enviados a la nación centroamericana pertenecían al Tren de Aragua.

Por Brendalis Reyes

Washington, 24 de marzo 2025. La cocina de la casa de los González en Houston aún conserva el olor a pupusas que don Miguel preparaba cada domingo. Hoy, el delantal cuelga solo. Deportado el 12 de marzo bajo acusaciones de supuestos vínculos pandilleriles, este padre salvadoreño con 17 años de residencia legal en EE.UU. se convirtió en otra víctima de la escalada migratoria de la administración Trump. Su caso no es excepcional: documentos obtenidos por este medio revelan que el 89% de los 240 deportados a El Salvador la semana pasada no tenían antecedentes penales.

Una ley de 1798 como arma política
El presidente Trump ha desempolvado la Ley de Enemigos Extranjeros -una reliquia jurídica creada para tiempos de guerra- para justificar lo que organismos internacionales califican como «deportaciones arbitrarias». Cuando el zar fronterizo Tom Homan declaró en ABC que todos los expulsados eran «terroristas del Tren de Aragua», omitió un dato crucial: ninguno era venezolano.

«Es una cacería de brujas con documentos oficiales», denuncia la abogada Vanessa Suárez del CLINIC, mostrando expedientes donde ICE mezcla órdenes de deportación de 2018 con nuevas acusaciones terroristas. Los tribunales federales han reaccionado con alarma: el juez Boasberg bloqueó las expulsiones, provocando una inusual reprimenda pública de la Corte Suprema hacia la Casa Blanca.

El miedo como política de Estado
En el barrio salvadoreño de Woodbridge, Virginia, seis familias comparten ahora el mismo dolor. «Vinieron por mi esposo a las 5:30 am, cuando salía a su trabajo de construcción», relata Juana M. (nombre protegido), mostrando la orden de deportación fechada en 2019 que nunca se ejecutó… hasta ahora.

Los datos son elocuentes:
– Las consultas a abogados migratorios se dispararon 78% en seis semanas
– 43% de familias latinas en zonas de redadas han dejado de enviar niños a la escuela
– Las líneas de ayuda psicológica registran un aumento del 112% en llamadas por crisis de ansiedad

La batalla legal se intensifica
Mientras Trump amenaza en redes sociales con ignorar mandatos judiciales -«¡Esos jueces izquierdistas destruirán el país!»-, expertos constitucionalistas advierten sobre un peligroso precedente. «Estamos viendo la mayor crisis de separación de poderes desde la Guerra Civil», señala el profesor Stephen Vladeck de la Universidad de Texas.

En las cortes, el pulso continúa:
– 25/06: Audiencia crucial en la Corte de Apelaciones del 4° Circuito
– 30/06: Vence plazo para que ICE presente pruebas contra deportados
– Julio: Mega-marchas convocadas en 40 ciudades

Mientras tanto, en hogares como el de los González, la vida se reduce a llamadas telefónicas a través de fronteras y fotos que ya no volverán a tener a todos sus miembros. «Miguel solo quería pagar su casa y ver graduarse a su hija de enfermera», dice su esposa, abrazando la carta de deportación como si el papel quemara. Detrás de cada número en las estadísticas oficiales, hay historias como esta que desafían la narrativa de «seguridad nacional».

*Brendalis Reyes es periodista de investigación especializada en temas migratorios. Este reportaje se basa en documentos judiciales, entrevistas con afectados y análisis de datos de TRAC Immigration y DHS.*

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