Por María Teresa Cabrera
El punto de partida de nuestra propuesta de gobierno tiene dos elementos fundamentales, el primero es que nos planteamos abrir una época política nueva en el país, y el segundo, que podemos avanzar con la educación como base y eje transversal de las políticas públicas.
Es en estos entendidos que asumimos el compromiso de impulsar políticas públicas para potenciar la economía como un sustento básico de la soberanía nacional.
Para nosotros la soberanía nacional está estrechamente relacionada con la economía, con la producción nacional tanto a nivel industrial y agropecuario como de los servicios en general.
Y es por eso, que tenemos la visión de que la República Dominicana tiene que zafarse de la línea de “las ventajas comparativas” impuesta por los países económica y políticamente poderosos; que orienta a países como el nuestro a especializar su economía en algunos rubros que pudieran exportar, e importar precisamente las mercancías y bienes que aquellos poderosos producen en masa e inundan el mercado local a precios competitivos.
Conforme a la línea de las “ventajas comparativas”, en algún momento el país hubo de dedicarse a producir azúcar, luego hasta piñas y melones, y hoy las zonas francas y el turismo constituyen el eje central de nuestra economía.
En general el país produce dólares para comprar importaciones, y de ese modo, los grandes beneficiarios del modelo económico dominicano son los empresarios extranjeros que producen y venden lo que en importaciones compramos.
Así no debe ser.
Es preciso darnos cuanto antes un rumbo nacional e iniciar un proceso mediante el cual se articulen todas las áreas de la economía nacional, industria, agricultura, y servicios, con el objetivo de lograr el desarrollo nacional soberano, en democracia, progreso, y en relaciones libres, de intercambio y beneficios recíprocos, con todos los países.
En este sentido consideramos que, en las condiciones del país, hay que iniciar por convertir la agroindustria en el eje principal de la economía nacional, articularlo con los servicios, la agricultura y el turismo, en perspectiva de crear condiciones para luego seguir desarrollando la industria.
La producción agropecuaria, en muchos de cuyos rublos el país anda bien; debe derivar en una agroindustria potente y diversa, que genere empleos en todas las regiones, y produzca para un mercado nacional que debe contribuir a desarrollar; además de ampliar las exportaciones del país.
En este entendido, la educación vendría a desempeñar un papel de primer orden. Porque será necesario formar los profesionales y técnicos que sustenten ese proyecto de país.
Un particular interés deberá centrar la atención en desarrollar una plataforma educativa que aporte una amplia comunidad de profesionales dedicados a la investigación y la innovación que permitan descubrir y desarrollar cada vez nuevas líneas de producción de bienes y mercancías a precios competitivos.
Complementada por técnicos medios, y en general por la calificación de una fuerza laboral que responda a los requerimientos de la producción. La educación dominicana deberá corresponder a la necesidad de desarrollar la investigación e innovación, y la calificación de una amplia fuerza laboral.
Los modelos económicos que se han instalado en el país condujeron en general a la formación para el empleo, a ese fin, por ejemplo, fue concebido el plan de reforma en los años de 1970; y muy poco casi nada, se preocuparon por la investigación y la innovación.
El desarrollo precisa de una fuerza laboral calificada para responder a una diversidad de líneas de producción; pero requiere sustancialmente de una comunidad de investigadores e innovadores, que descubran, inventen; exploren posibilidades de producción diversa y competitiva, y los mercados posibles para las mismas.
En los niveles educativos pre y universitario, deberán producirse las reformas curriculares necesarias a esa visión, y en cada uno de estos, tendrían que haber los laboratorios, centros de investigación- experimentación, y los institutos que la misma reclama.
En tales condiciones se podría prefigurar el surgimiento de ciudades inteligentes en diversas regiones del país, donde se instalen comunidades de investigadores y desarrolladores de tecnologías apropiadas, rodeados de laboratorios, centros tecnológicos e institutos.
Hacia esos propósitos debió orientarse el 4 % que conquistó el pueblo para la educación preuniversitaria, pero, lograr eficiencia y eficacia en el uso de esos recursos para un plan de desarrollo nacional, es una tarea pendiente.
Igual que en esa bonita experiencia de lucha, me visualizo siendo parte de un nuevo esfuerzo para conquistar entre el 1- 2% del PIB adicional para financiar a la UASD y otras universidades, así como a iniciativas públicas y de alianzas estratégicas público- empresariales, público- comunitarias y/o público asociativas, en proyectos para investigación y desarrollo.
En esta visión, la soberanía nacional tendría un asiento fuerte, y dejaría de ser la intención en una frase.
