Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que la decisión de la corte no contribuya a desmantelar las estructuras corruptas que operan en el país. \»Debió mantenerse la prisión preventiva\», afirmó, subrayando que el enfoque del sistema judicial puede parecer más comprensivo con los acusados que con la protección de los intereses del Estado.
Por Julio Guzmán Acosta
La decisión tomada ayer por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha puesto de manifiesto las preocupantes prácticas que rodean los casos de corrupción en la República Dominicana. Este lunes, los jueces decidieron variar la medida de coerción impuesta a tres implicados en la operación Camaleón, liberando a Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, de la prisión preventiva de 18 meses que enfrentaban. En su lugar, se les impuso un régimen de presentación periódica y una garantía económica, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad del sistema judicial en el combate a la corrupción.
Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán argumentaron que los acusados no representan un peligro de fuga, permitiéndoles continuar el proceso judicial en libertad. Sin embargo, la jueza Muñiz expresó su disidencia en el caso de Jochi Gómez, advirtiendo sobre el riesgo de que este pudiera destruir pruebas cruciales para la investigación. Esta situación refleja una vez más la percepción que tiene la gente de que, en la República Dominicana, el desfalco de los recursos del Estado puede ser un acto relativamente fácil, donde los culpables, tras un proceso judicial, pueden volver a sus hogares con medidas menos severas que la prisión.
El escándalo en cuestión involucra la supuesta ejecución fraudulenta de un contrato de más de 1,300 millones de pesos destinado a la instalación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo, adjudicado a la empresa de Gómez durante la gestión de Beras. Las acusaciones incluyen una serie de delitos graves, desde la estafa y falsificación hasta la corrupción y el crimen organizado. A pesar de la gravedad de los cargos, la decisión de la corte de otorgar medidas más benévolas ha sido criticada por el Ministerio Público, que considera que este mensaje podría normalizar la corrupción en el país.
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que la decisión de la corte no contribuya a desmantelar las estructuras corruptas que operan en el país. \»Debió mantenerse la prisión preventiva\», afirmó, subrayando que el enfoque del sistema judicial puede parecer más comprensivo con los acusados que con la protección de los intereses del Estado.
Los abogados defensores, por su parte, aplaudieron la decisión, argumentando que la justicia ha actuado de manera justa al permitir que sus clientes permanezcan en libertad. Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, sugirió que la prisión preventiva ya no se considera una opción viable, mientras que otros defensores sostuvieron que no hay riesgo de fuga, un argumento que ha generado escepticismo entre sectores de la sociedad.
La situación actual pone de relieve un desafío crucial para la República Dominicana: ¿cómo se puede garantizar que aquellos que desfalcan los recursos del Estado enfrenten consecuencias adecuadas? La facilidad con la que los acusados pueden regresar a sus hogares, bajo condiciones menos severas que la prisión, plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y su compromiso con la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, el país sigue expectante, observando cómo se desarrolla este caso y si, finalmente, habrá justicia para los ciudadanos que ven cómo sus recursos son malversados y cómo algunos parecen salir ilesos de los actos delictivos que afectan la vida pública. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana no solo debe ser un discurso, sino una realidad palpable que garantice que los responsables de desfalcos no puedan disfrutar de su botín en casa, sino que enfrenten las consecuencias de sus actos.
