EDUCA debe rendir cuenta por los fondos contratados con el MINERD que no ha mostrado resultados en la educación publica. Por Servicios Umbral.com.do La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) considera como descabellada y dictatorial, la propuesta de Acción Empresarial Para la Educación (EDUCA) de que mediante una ley se prohíba el derecho a la protesta y a la libertad de asociación. Esto sería un grave atentado a las libertadas públicas, consagradas en la Constitución dominicana y violaría convenios internacionales, de los que República Dominicana es signataria. Consideramos que en un estado libre y democrático es vital el derecho a la protesta porque es la vía más idónea para reclamar y defender los derechos humanos fundamentales y la democracia misma. La ADP sostiene que el derecho a una educación de calidad debe siempre ser una prioridad nacional. Pero, garantizar su calidad y continuidad no puede lograrse a costa de una violación constitucional, como la de restringir derechos fundamentales, tales como el derecho a la protesta y al sindicalismo. La ADP sustenta que es esencial promover un diálogo inclusivo y objetivo, que aborde las verdaderas causas subyacentes de las protestas y fortalezca el sistema educativo, desde sus bases, no desde los intereses de grupos empresariales. En un artículo publicado en un medio de comunicación, el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, ha propuesto que en la República Dominicana se limite el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, sustentado en una falsa supremacía del derecho a la educación, sobre el derecho a la protesta. En tal sentido, lo que Caraballo propone supondría una restricción severa de un derecho humano, reconocido internacionalmente. En realidad, este representante de EDUCA, maliciosamente pasa por alto las causas estructurales que producen las protestas de los docentes, desviando la atención de la responsabilidad estatal, en garantizar un sistema educativo eficiente y justo. De hecho, las protestas de los docentes se originan precisamente en la ineficiencia y el incumplimiento del Ministerio de Educación con sus funciones y deberes, que es lo que verdaderamente impide que los niños y las niñas de las escuelas públicas dominicanas ejerzan el derecho a la educación. Lo que proponen Darwin Caraballo y EDUCA, al erróneamente comparar la realidad dominicana con la de otros países, es lo que el artista Rubén Blades llamaría “Modelos Importados, Que No Son La Solución”. El planteamiento de EDUCA es simplemente una visión mercantilista de la educación, admitiendo en su propia narrativa que concibe a la educación pública como un servicio y no como un derecho, lo cual no se alinea con la naturaleza de la labor educativa. En su escrito, EDUCA menciona ejemplos de países como Alemania o Chile donde se limitan las huelgas educativas. Sin embargo, estas comparaciones omiten diferencias contextuales significativas, como el nivel de inversión educativa, los bajos índices de corrupción, las garantías laborales y el apoyo social que existe en esos países a la escuela, a los docentes y a la familia. Estas son cuatro grandes debilidades de la educación pública dominicana. Implementar medidas similares, sin atender estas diferencias, podría resultar en un debilitamiento aún mayor del sistema educativo dominicano. Lo que más profundamente afecta el proceso de aprendizaje, de niñas y niños en edad escolar, son las pésimas condiciones en que se desarrolla la activad escolar pública, no las protestas de los docentes en contra de estas condiciones. Las investigaciones más recientes del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos revelan que las escuelas públicas dominicanas son lugares inhóspitos y que no son ambientes generadores de condiciones significativas de aprendizaje. Lo que más afecta el aprendizaje en las escuelas públicas es que estas operan más como guarderías, que como verdaderos centros educativos. Los estudios recientes revelan que las escuelas públicas carecen de la infraestructura adecuada; de los medios y recursos para el aprendizaje apropiados; de las políticas socioeducativas adecuadas al perfil de los estudiantes que reciben; del personal docente requerido por norma; del personal de mantenimiento, de seguridad y administrativo necesario y de un sistema de supervisión y control de calidad eficiente, que garantice el derecho a una educación escolar de calidad. En términos económicos, las deficiencias operativas en las que operan las escuelas públicas generan el desaprovechamiento de dos (2) horas diarias de clases, lo cual equivale a la pérdida diaria de RD$190 millones de pesos, lo que anualmente asciende a la pérdida de más de RD$36,670,000,000 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta Millones de pesos), equivalentes al 12% del presupuesto dedicado a la educación pública. EDUCA debe rendir cuenta sobre fondos contratados La ADP exige a EDUCA rendición de cuentas de cuantiosos fondos que ha manejado, sin resultados tangibles que beneficien la educación dominicana. En ese sentido, es oportuno establecer un aspecto muy cuestionable de quien está proponiendo la instauración de una dictadura en el país. En efecto, EDUCA ha sido ampliamente objetada y cuestionada públicamente, por incurrir en un serio conflicto de intereses, al ser tanto contratista multimillonaria del Ministerio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Educación, en violación a los principios de transparencia y objetividad de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y en violación a la misma Ley General de Educación. EDUCA no es una entidad defensora del derecho a la educación, sino, de los intereses empresariales, que se benefician del presupuesto en educación. Tampoco es esta una entidad especialista en educación, sino, una intermediaria de proyectos y servicios, realizados con el presupuesto de educación. De hecho, en una investigación realizada por el Observatorio Educativo se evidencia que los resultados del contrato grado a grado, que el ministro Ángel Hernández le asignó a EDUCA, No. C-00052023, por más de RD$ 35 mil millones (649.3 millones de dólares), para la ejecución del Proyecto Presidencial de Excelencia Académica, no ha alcanzado el logro de ninguna de las metas que se propuso, sin mencionar el agravante de que el personal utilizado para su ejecución y supervisión es parte del mismo personal del Ministerio de Educación (Exdirectores Regionales y Distritales del Ministerio de Educación). Lee también:La orden de arresto
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