El Ministerio Publico pidió que el caso sea declarado complejo por la dimensión red que sustraía municiones en la Policía
Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo, 19 de noviembre de 2023 – El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, desmantelada en la Operación Pandora, que presuntamente sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la institución del orden. Además, el órgano acusador pidió que el caso sea declarado complejo.
La solicitud fue presentada pasadas las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, encabezada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). Camacho destacó que el expediente cuenta con 213 páginas y alrededor de 135 medios de prueba.
La acusación recae sobre diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados. “Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana”, expresó Camacho, quien también agradeció al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración en la investigación.
Camacho indicó que el proceso investigativo sigue en marcha, lo que podría llevar a la ampliación del número de detenidos. En cuanto a las municiones, aclaró que estas eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía y posteriormente vendidas. El Ministerio Público continúa rastreando los lugares donde se comercializaban.
La investigación que llevó a la Operación Pandora se inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía, así como más de 40 fiscales que realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Entre los arrestados se encuentra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien supuestamente alteró los resultados de una auditoría para ocultar la sustracción de municiones. Otros arrestados incluyen al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles clave en la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, intentó manipular los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
En las últimas semanas, fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado arduamente para llevar a cabo esta operación, que ha revelado violaciones tanto disciplinarias como penales dentro de la Policía Nacional. Las diligencias han permitido la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, y cientos de transacciones económicas, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
Este caso es un claro ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado, según lo señalado por el Ministerio Público. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las instituciones del país.