Tras ciento quince años de operatividad, el gobierno de la República de Honduras ha puesto fin al Tratado de Extradición que el país firmó en 1909 con Estados Unidos, que había sido decisivo en años recientes para que alrededor de cincuenta personas de origen hondureño fueran puestas a disposición de la justicia estadounidense, acusadas de delitos de narcotráfico y crimen organizado.
JULIO GUZMÁN ACOSTA
En un histórico giro político, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado la terminación del Tratado de Extradición firmado en 1909 con Estados Unidos, que durante más de un siglo permitió la extradición de ciudadanos hondureños acusados de narcotráfico y crimen organizado. La medida surge como respuesta a las declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó la presencia de altos funcionarios hondureños junto a un ministro de Defensa de Venezuela, lo que fue interpretado como una injerencia en la política exterior del país centroamericano.
Castro, a través de sus redes sociales, manifestó que \»la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos es intolerable\» y subrayó la necesidad de respetar la soberanía hondureña y el derecho internacional. La decisión ha sido respaldada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, indicando un consenso dentro de las instituciones del país sobre el movimiento.
Este cambio de rumbo tiene un significado profundo, ya que el Tratado de Extradición ha sido crucial en la entrega de figuras como Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, a la justicia estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Castro ha señalado que continuarán combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico, pero lo harán bajo los términos de su propia legislación.
Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos se han vuelto tensas, especialmente tras el reconocimiento por parte de Tegucigalpa del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en contraposición a la postura de Washington y otros gobiernos de la región. Este acto ha sido considerado como una muestra de solidaridad con la administración venezolana y un desafío directo a la influencia estadounidense en Centroamérica.
El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, ha enfatizado que la política internacional debe basarse en el respeto mutuo y el diálogo, rechazando cualquier intento de imposición por parte de otras naciones.
Este acontecimiento se produce en un contexto donde las embajadas de Estados Unidos en América Latina han enfrentado acusaciones de ejercer presión indebida sobre la política interna de varios países, lo que ha llevado a episodios de crisis diplomática en la región.
La respuesta de la administración Castro resuena como un llamado a la soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de países soberanos, marcando un nuevo capítulo en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos.
