Hoy la comisión especial decidirá si convoca vista pública para dirimir la controversia entre interpretaciones encontradas sobre la constitucionalidad de las candidaturas sin partidos políticos, en un debate que enfrenta el mandato del Tribunal Constitucional con las limitaciones de la Carta Magna y la voz de la sociedad civil que exige reforma estructural
Por César Dalmasi Guzmán
En la encrucijada de un dilema que divide al país, la comisión especial de diputados encargada de la matriz legislativa para la postulación de candidaturas independientes se reúne este lunes para decidir si convoca una vista pública que permita definir el rumbo de una pieza polémica y trascendental. En el centro de la discusión late la sentencia 0788/24 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que abre la puerta a candidaturas sin partidos políticos, pero que ha desatado un debate profundo y apasionado sobre su compatibilidad con la vigente Constitución.
El presidente de la comisión, diputado Elías Wessin, confirmó en el programa “Buenas noches, buena suerte” que existen dos interpretaciones antagónicas sobre la sentencia. Por un lado, la lectura formal sostiene que, conforme a la Carta Magna, no existe espacio para candidaturas independientes, pues no están expresamente constitucionalizadas. Por otro, la interpretación garantista defiende que el derecho fundamental a elegir y ser elegido debe extenderse para permitir a cualquier ciudadano aspirar a cargos públicos sin la intermediación partidaria.
Este lunes a las 10:00 de la mañana, los 23 miembros de la comisión especial deliberarán sobre la conveniencia de abrir un espacio de consulta pública que permita socializar el proyecto y escuchar voces diversas antes de tomar la decisión definitiva. La disyuntiva es clara: legislar para habilitar candidaturas independientes según el mandato del TC o impulsar una reforma constitucional que asiente con mayor solidez jurídica esta figura electoral.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana (PC) han reiterado su preocupación por la falta de coherencia entre el proyecto de ley y el marco constitucional vigente. Leidy Blanco, coordinadora general de PC, expuso en el programa “Esferas de Poder” que la Constitución establece claramente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como los actores del sistema electoral, dejando a las candidaturas independientes en un limbo jurídico que solo puede resolverse mediante una reforma constitucional profunda.
Blanco destacó, además, que la ley actual contiene vacíos y contradicciones, pues regula procedimientos para sustituir senadores o diputados fallecidos, pero no contempla mecanismos para candidatos independientes, lo que podría derivar en nuevas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y en un proceso legislativo lleno de obstáculos y cuestionamientos.
En consonancia con esta postura, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la dificultad para aprobar la ley radica en que el debate debería haberse iniciado desde una revisión constitucional que permita adecuar el sistema electoral a la realidad política actual. “La Constitución siempre ha hecho referencia a los partidos políticos y nunca a movimientos independientes”, subrayó el jurista, advirtiendo que el Congreso enfrenta un desafío mayúsculo para regular una figura tan controversial sin antes cambiar el andamiaje normativo fundamental.
Así, la sesión de hoy no solo definirá si la comisión especial abre el debate público, sino que también simboliza el pulso entre el derecho ciudadano a una participación más amplia y los límites del orden constitucional vigente. En este juego de interpretaciones y expectativas, la República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica para repensar su sistema electoral y decidir si concede a la ciudadanía el poder de aspirar sin ataduras partidarias, o si opta por un camino más cauteloso que requiere reformar la ley máxima del país.
El reloj avanza y, en pocos días, la comisión especial deberá elegir no solo el destino de una ley, sino el rumbo de la democracia dominicana en su expresión más fundamental: la vocación de todos a ser escuchados y representados.
