Por Servicios Umbral.com.do
Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un nuevo golpe a la política migratoria del presidente Donald Trump al rechazar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas. La decisión, que devuelve el caso a un tribunal de apelaciones, representa otro freno judicial a los intentos de la administración Trump de acelerar expulsiones sin garantías procesales.
El fallo benefició a cerca de 200 migrantes que enfrentaban una deportación inmediata bajo este estatuto colonial —diseñado originalmente para tiempos de guerra— y cuyos abogados argumentaron que su aplicación violaba derechos constitucionales. La mayoría del tribunal evitó pronunciarse sobre la legalidad de la medida, pero ordenó revisar si el gobierno cumplió con notificar adecuadamente a los afectados y si la ley puede usarse en contextos no bélicos.
Una ley de 1798 en el siglo XXI
La controvertida norma, promulgada durante las tensiones con Francia en el siglo XVIII, permite al presidente deportar a extranjeros de naciones «enemigas» sin audiencia judicial. Trump intentó reactivarla ahora en 2025 vinculando a los migrantes venezolanos con el Tren de Aragua —una organización criminal que Washington considera terrorista—, aunque sin presentar pruebas individualizadas.
«No es una chequera en blanco para ignorar el debido proceso», declaró el abogado de los demandantes, mientras los jueces progresistas cuestionaron la ambigüedad de la ley. En un inusual disenso público, los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito defendieron su aplicación, alegando que «el presidente tiene autoridad para actuar contra amenazas emergentes».
Antecedentes de una estrategia fallida
Este revés se suma a una lista creciente de derrotas judiciales para Trump:
– Prohibición musulmana (2017): Varias cortes bloquearon su orden ejecutiva que vetaba la entrada de ciudadanos de países mayoritariamente islámicos, hasta que una versión diluida fue avalada por el Supremo.
– Financiamiento del muro (2020): Un tribunal federal anuló el desvío de $2,500 millones del Pentágono para construir la barrera fronteriza, por violar la asignación presupuestaria del Congreso.
– Censo ciudadano (2019): La Corte Suprema tumbó su intento de incluir una pregunta sobre estatus migratorio en el censo, al considerar que la justificación era «arbitraria».
Deportaciones express y un «centro del terror» en El Salvador
El fallo contrasta con una práctica ya implementada: en marzo pasado, la administración Trump trasladó a más de 250 migrantes —en su mayoría venezolanos— a una megacárcel en El Salvador bajo la misma ley, pese a las órdenes de un juez federal. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, operado con fondos estadounidenses, ha sido denunciado por organizaciones humanitarias por condiciones «inhumanas».
Analistas jurídicos señalan que la estrategia de Trump choca con un sistema de contrapesos: «Usar leyes obsoletas como atajos siempre termina en los tribunales», advirtió Rebecca Sharpless, experta en derecho migratorio de la Universidad de Miami. Mientras, la Casa Blanca insiste en que «combatir la inmigración ilegal es una prioridad de seguridad nacional».
¿Qué sigue?
El caso regresa ahora al Quinto Circuito de Apelaciones, donde se decidirá si el gobierno debe garantizar audiencias individuales antes de aplicar la ley. Para los migrantes en Texas, el fallo compra tiempo; para Trump, es otro recordatorio de que ni siquiera las normas más antiguas pueden eludir el escrutinio constitucional.
