Una vista aérea de la Instalación de Procesamiento del ICE en Luisiana Central, el martes 8 de abril de 2025, en Jena, LuisianaGERALD HERBERT/AP
Por Julio Guzmán Acosta
En un giro controversial hacia la gestión de las deportaciones, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha propuesto un enfoque empresarial para el sistema de deportaciones de Estados Unidos. En una reciente conferencia de seguridad fronteriza en Phoenix, Lyons sugirió que la agencia debería «tratar esto como un negocio» y aspirar a un modelo de funcionamiento similar al de Amazon, buscando «entregar su producto en 24 horas». Esta declaración ha generado críticas y preocupaciones sobre la deshumanización del proceso de deportación.
Actualmente, alrededor de 7,000 personas se encuentran detenidas en centros de inmigrantes en Luisiana, un estado que ha visto un aumento significativo en su capacidad de detención. Si el Gobierno del presidente Donald Trump continúa con sus políticas migratorias, se espera que la capacidad para detener a inmigrantes se expanda de las actuales 41,000 camas a cerca de 100,000, lo que representa una posible bonanza para las empresas penitenciarias privadas.
La Cámara de Representantes ha aprobado una iniciativa de gastos que incluye un asombroso presupuesto de 175,000 millones de dólares para fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración, lo que equivale a 22 veces el presupuesto anual del ICE. Esto ha llevado a que múltiples empresas presenten ofertas para operar centros de detención, y ya se han adjudicado contratos por miles de millones de dólares.
Luisiana, que no tiene frontera con México, ha logrado convertirse en un lugar clave para los centros de detención. Atraída por costos laborales bajos y una oferta de cárceles vacías, la agencia ha tomado el control de varios penales en el estado. Según datos recientes, Luisiana ocupa el segundo lugar en Estados Unidos en cuanto a espacio de detención para inmigrantes, solo detrás de Texas.
Sin embargo, este enfoque empresarial ha suscitado preocupaciones sobre el bienestar de los detenidos. Críticos del sistema afirman que se está intentando aislar a los detenidos, dificultando su acceso a abogados y sistemas de apoyo, lo que podría facilitar su expulsión. Las instalaciones de detención, muchas de las cuales están ubicadas en áreas rurales, están a horas de distancia de las principales ciudades donde se concentran los abogados y organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes.
Las quejas sobre las «condiciones deplorables» en las que viven los detenidos son comunes. La falta de acceso a apoyo legal y la lejanía de sus familias hacen que muchos se sientan desalentados en su lucha contra la deportación. «La detención juega un papel crucial en facilitar la cruel agenda de deportación masiva de Trump», afirmó Carly Pérez Fernández, portavoz de Detention Watch Network.
El ICE ha implementado audiencias por video como una alternativa a las comparecencias en persona, pero muchos abogados, como Homero Lopez de Immigration Services and Legal Advocacy, consideran que estas videoconferencias son «deshumanizantes». Lopez prefiere el contacto personal en audiencias más relevantes, ya que la falta de conexión puede llevar a los jueces a no comprender adecuadamente la situación de los detenidos.
La propuesta de tratar las deportaciones como un negocio eficiente plantea serias preguntas sobre la ética y los derechos humanos en el contexto de la inmigración en EE.UU. Mientras las empresas privadas se benefician de un sistema de detención en expansión, los derechos de los inmigrantes se encuentran en el centro de un debate intenso y urgente. La dirección que tome el país en esta materia no solo afectará a miles de personas, sino que también definirá el futuro de la política migratoria estadounidense.
