La República Dominicana tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y regular los flujos migratorios, especialmente cuando se trata de migración irregular que afecta la seguridad nacional, los servicios públicos y la cohesión social. Sin embargo, este ejercicio legítimo debe realizarse con estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes y, sobre todo, con una estrategia integral que ataque no solo los síntomas, sino las causas profundas del problema.
En las últimas semanas, las autoridades han intensificado las redadas y deportaciones de nacionales haitianos en situación irregular, una medida que, aunque legal, resulta insuficiente si no va acompañada de acciones contundentes contra las redes de corrupción que operan en la frontera. Mientras el gobierno anuncia con bombo y platillo las expulsiones masivas, en la misma frontera, bajo la mirada cómplice de funcionarios civiles y militares, cientos de indocumentados continúan entrando al país, alimentando un negocio ilícito que lucra con la necesidad y la desesperación de miles de personas.
La doble moral fronteriza
No hay política migratoria efectiva sin erradicar la corrupción en la frontera. Resulta hipócrita expulsar a miles de haitianos indocumentados mientras autoridades dominicanas —encargadas de vigilar los pasos fronterizos— permiten el ingreso ilegal a cambio de sobornos. Este tráfico de personas no solo socava la seguridad nacional, sino que perpetúa un ciclo perverso: los migrantes son deportados por un lado, mientras por otro se les permite entrar nuevamente, en un juego macabro que beneficia a mafias locales.
Pero el problema no se limita a los haitianos. Ciudadanos chinos, venezolanos y colombianos también se mueven con impunidad en el país, muchos de ellos sin documentos regulares, gracias a la misma red de complicidades. ¿De qué sirve la retórica de «mano dura» si no se ataca el corazón del problema?
Hacia una solución integral
El Estado dominicano debe:
1. Desmantelar las redes corruptas en la frontera, investigando y sancionando a funcionarios cómplices, sin importar su rango.
2. Fortalecer los controles migratorios con tecnología y capacitación, más allá de las operaciones mediáticas.
3. Garantizar procesos de deportación transparentes y humanos, evitando abusos y violaciones a los derechos de los migrantes.
4. Trabajar con Haití y otros países, en políticas migratorias coordinadas que aborden las causas de la migración irregular.
La migración no se resuelve solo con redadas. Exige una estrategia clara, coherente y libre de dobles discursos. La República Dominicana tiene derecho a proteger sus fronteras, pero ese derecho debe ejercerse con justicia, eficiencia y, sobre todo, limpiando primero su propia casa.
