• El país tiene más de medio siglo haciendo más de lo mismo con avances y resultados limitados: POCA valoración de los servicios públicos, ALTA aceptación de la atención médica privada y BAJOS indicadores de salud.
  • Las grandes deficiencias públicas determinan un elevado gasto familiar de bolsillo. “Cuando vamos a un hospital es por extrema necesidad y es común que los médicos no estén, o que no existan insumos ni medicinas” (ADESA).
  • El 55% de los entrevistados indicó estar poco, muy poco o nada satisfechos con la calidad de los servicios públicos. El 52.8% de la población reclama una transformación completa del sistema de salud y otro 32% pide grandes cambios.
  • Las deficiencias del IDSS obligaron a sus afiliados a exigir una iguala médica privada, con un doble costo. El IDSS excluyó a la familia del afiliado y a los empleados públicos. Tenía 35 médicos por 10,000 asegurados, el más alto de la región, con sólo 1.2 consultas diarias por médico.
  • El gasto administrativo ascendía al 33.5%. Con 27.5 empleados por 1,000 afiliados, contra un 8.3 de América Latina. RD: único país donde los seguros privados voluntarios y costosos, tenían más afiliados (74%) que el Seguro Social obligatorio (26%). Según el exdirector Dr. César Mella,: “el Consejo Directivo convirtió al IDSS en un centro de corrupción que lo llevó al colapso total. “
  • Mucho antes del diseño de la Ley 87-01, la salud y las pensiones ya estaban privatizadas, con el fomento y el financiamiento del propio Estado. El expresidente Balaguer financió a las clínicas privadas y auspició la creación de 40 igualas y seguros médicos privados y dispuso la afiliación de los empleados públicos.
  • El diseño del SDSS se apoya en dos grandes reformas impuestas por las deficiencias públicas y el rezago del IDSS: 1) una reforma cuantitativa, para afiliar al 100% de los dominicanos, y 2) una reforma cualitativa, para elevar la calidad de los servicios y los indicadores de salud y bienestar.
  • La Ley 87-01 establece cuatro grandes reformas cualitativas:1) un seguro de salud para eliminar el seguro de enfermedad; 2) un primer nivel de atención basado en la estrategia de atención primaria de salud; 3) una cápita igual para todas las ARS y pagos a las PSS según los servicios prestados, y 4) la libre elección de los afiliados, transfiriéndoles un poder real de decisión.
  • La demanda de salud no es una mercancía cualquiera y no puede depender del afán de lucro, ni privado ni público. El Estado está obligado a garantizar el acceso a la salud, por encima de cualquier interés mercantil y demanda grupal, y de intervenir y condicionar las “leyes del mercado”, mediante una competencia regulada.
  • Ante la disyuntiva de incluir a todos los servicios de salud o proteger a toda la población escogimos ésta última. Se respetaron los derechos adquiridos, porque un sistema universal no puede ser excluyente de nadie ni de nada, siempre que funcione y acepte las nuevas reglas de juego.
  • No es necesario modificar el SFS para elevar la calidad de los servicios. En términos CUANTITATIVOS, las autoridades han logrado una cobertura del 98.5%, superando todas las exclusiones del viejo Seguro Social. Pero este logro no ha reducido el gasto familiar de bolsillo, ni la mortalidad materno-infantil, ni la inseguridad e insatisfacción de la mayoría de los afiliados.
  • Al llegar a mitad de camino, el sistema cojea debido a la brecha creciente entre el rico crecimiento cuantitativo y el pobre avance CUALITATIVO. Ahora, para evitar retrocesos, es imprescindible e impostergable ejecutar las reformas establecidas en la Ley, las cuales, 23 años después, todavía están pendientes de ejecución.
  • Están dadas las condiciones para las reformas. Creciente inseguridad e inconformidad y reclamos de la gente, y compromiso oficial de cambios. Alta representación en el Congreso Nacional y no reelección presidencial.

Hace 23 años el presidente Hipólito Mejía dio el trabucazo que inició el cambio cuantitativo que universalizó la cobertura del sistema. Ahora el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad histórica de dar el otro trabucazo necesario, para emprender las reformas cualitativas que reclama el país.