EDITORIAL
El pasado jueves, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión del Consejo de ministros y directores, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña. Al concluir la reunión, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ofreció un resumen de los resultados.
Lo más destacado es que el gobierno está trabajando en una propuesta de reforma fiscal que se implementará en los próximos días. Además, se aprobarán otras iniciativas de reforma que han estado en la carpeta del gobierno, como la reforma de la seguridad social y cambios en el código laboral, que se espera verán la luz durante el próximo cuatrienio que se inicia en agosto.
El tono de la declaración sugiere un cambio de actitud en el gobierno hacia la forma de llevar a cabo estas reformas. Esto incluye la posibilidad de reformar la Constitución para consolidar la independencia del Ministerio Público y establecer restricciones a la reelección presidencial.
Aunque el presidente buscaba consenso con los partidos políticos, parece que esta estrategia ha cambiado, ya que tanto la Fuerza del Pueblo, la primera fuerza politica opositora según los resultados de mayo, así como el Partido de la Liberación Dominicana que con el 10% del electorado que le favoreció, pasando a un lejísimo tercer lugar, han expresado su rechazo a las iniciativas gubernamentales.
El sector empresarial también es clave en este proceso. Su asociación más representativa ha manifestado su deseo de dialogar y ha presentado sus recomendaciones para las reformas. Además, se espera que se busque el consenso con otras organizaciones, como la Cámara Americana de Comercio, las empresas de inversión extranjera, las asociaciones de industrias, los productores de ron, las universidades y las entidades no gubernamentales.
Pero además de esas entidades representtivas de los diversos sectores económicos del pais, el gobierno debe centrar el contenido de las reformas previstas en beneficiar a los sectores más desprotegidos y vulnerables.
Las reformas no pueden seguir beneficiando solo a los agrandes empresarios y perjudicando a las grandes mayorías el país. Las exenciones fiscales y los subsidios que han favorecido por décadas a los grandes empresarios deben desaparecer.
En resumen, si el gobierno está comprometido con reformas importantes y busca el apoyo de los diversos actores sociales y económicos, debe procurar que estas realmente beneficien a las clases más desprotegidas del pais. Deben pagar más impuestos aquellos que reciben más beneficios y pegar menos los que menos tienen, así de claro y de sencillo.
Aunque el consenso político total puede ser difícil de alcanzar se presenta un tanto complejo después de los últimos resultados electorales, cuando los dos partidos mayoritarios de la oposición han entrado en un proceso de valoración critica, que producirá cambios significativos en lo político y en los interlocutores válidos para ese consenso.
La mayoría en ambas cámaras legislativas, más los gobiernos locales ganados en febrero, les permiten hacer las reformas que necesita el país. El consenso político siempre es importante, pero lo más importante es contar con los sectores económicos de la nación, y que esas reformas pongan en el primer plano los intereses del pais y que favorezcan a los más vulnerables.
Muy importante será que el gobierno no se emborrache del poder que le han otorgado las urnas y haga unas reformas que no sienten las bases para un desarrollo económico del país, para fortalecer las instituciones públicas, para mejorar los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la industria nacional, transformación del campo y si para hacer una reforma a su medida y que no ponga al país y a su gente como los primeros beneficiarios.
