Por Julio Guzmán Acosta
La reciente ola de deportaciones masivas de haitianos dispuesta por el gobierno de Luis Abinader y el PRM desde la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos, la economía y la identidad nacional. La situación es preocupante, pero no se puede ignorar el impacto positivo que la comunidad haitiana ejerce en la economía dominicana, independientemente de su estatus migratorio.
Los haitianos han sido una parte clave del desarrollo económico del país desde siempre y con mayor impacto en los últimos años, especialmente en sectores fundamentales como el agrícola, la construcción y los servicios domésticos. En el campo, su mano de obra es indispensable; los productores agricultores dominicanos dependen de su trabajo para mantener la producción de alimentos, especialmente en un país donde la agricultura enfrenta retos constantes como la escasez de trabajadores dominicanos. Sin embargo, este aporte no siempre es reconocido ni valorado, y muchos de estos trabajadores carecen de condiciones laborales dignas y seguras.
En la construcción, el papel de la mano de obra haitiana es igualmente crucial. Su fuerza laboral por las condiciones de contratación, que en muchos casos no está registrada como contratación oficial, resulta más barata para los empresarios, lo que ha permitido que muchas obras se realicen en tiempos más cortos y con costos reducidos. Del mismo modo, en el sector de servicios domésticos, muchas familias dominicanas dependen de los haitianos para el cuidado del hogar y la atención a los niños. Este trabajo, aunque a menudo invisibilizado y desvalorizado, es el cimiento que sostiene gran parte de la estructura social de muchas familias dominicanas.
Sin embargo, la política de deportaciones masivas pone en riesgo no solo a los individuos, sino también a las dinámicas económicas que han llegado a depender de su labor. La repatriación no solo afecta a los adultos, sino que también deja desamparados a sus hijos e hijas nacidos en República Dominicana y que muchos de ellos no cuentan, ni con documentos dominicanos, ni haitianos, lo mismo ocurre con sus parejas. Las familias separadas sufren no solo la pérdida emocional, sino también el impacto financiero, dejando a muchas mujeres y niños en un estado de vulnerabilidad extrema sin el apoyo del proveedor principal familiar, que en la mayoría de los casos es el padre.
Además, es preocupante la falta de consideración por los derechos de aquellos que son deportados, especialmente en casos donde los haitianos cuentan con documentos legales en la República Dominicana. La repatriación de estos individuos no solo es un acto ilícito, sino una violación directa de sus derechos humanos. Es un absurdo que en momentos donde se habla tanto de derechos civiles y humanos, se ignoren las circunstancias legales y se actúe con tanta inhumanidad. La falta de un debido proceso en las deportaciones masivas es alarmante, creando un ambiente de miedo y desconfianza entre la población migrante haitiana.
La economía dominicana debe reconocer que los migrantes haitianos, tanto regularizados como no regularizados, son una parte integral del tejido económico. Ignorar su contribución y someter a la comunidad a un trato injusto no solo es moralmente incorrecto, sino que también socava los cimientos de una economía que se beneficia significativamente de su trabajo. La historia ha demostrado que la inclusión es un camino correcto hacia la prosperidad, y la exclusión puede llevar a un deterioro del entorno social, económico, político y caldo de cultivo para el deterioro de las ya maltrechas relaciones entre ambos países.
Es fundamental que el país desarrolle políticas migratorias que no solo se ocupen de la seguridad nacional, sino que también respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. El contenido central de esa política debe estar enfocada hacia la regularización y la inclusión, en lugar de la criminalización y el miedo. En este sentido, la presión de la comunidad internacional y la sociedad dominicana en su conjunto juega un papel vital para que la República Dominicana pueda construir una narrativa de convivencia y respeto hacia nuestros vecinos haitianos.
En resumen, las deportaciones masivas de haitianos son un problema que va más allá de los límites políticos y económicos; es un desafío moral. La riqueza cultural y económica que los haitianos aportan a la República Dominicana debe ser reconocida y celebrada, no relegada al olvido. Las soluciones deben centrarse en la inclusión y la protección de los derechos de las comunidades migrantes, asegurando que sus vidas y sus contribuciones no se vean sacrificadas en nombre de políticas migratorias restrictivas. La República Dominicana tiene la oportunidad de demostrar que es un hogar para todos, donde los derechos y dignidades de todas las personas son valorados y protegidos.
