Por más que hoy, a 60 años de distancia, parezca increíble la espontaneidad con que el pueblo dominicano se volcó a las calles aquel 24 de abril de 1965, la verdad es que la insurrección fue la consecuencia lógica de una crisis profunda y prolongada, alimentada por un régimen golpista que había usurpado el poder y ahogado la voz constitucional.
En aquellos días, la rutina estuvo marcada por rumores constantes de un golpe revolucionario contra el Triunvirato, cuyo gobierno de facto representaba la negación de la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, nadie esperaba que la insurrección estallara justo al día siguiente de la Semana Santa. Fue de repente, casi como un acto natural, que miles de dominicanos —obreros, estudiantes, profesionales y vecinos de barrios como Villa Francisca— corrieron a la Avenida Duarte para apoyar a los militares que se habían levantado en defensa del gobierno legítimo de Juan Bosch.
La espontaneidad de aquel levantamiento, lejos de ser una casualidad, fue una respuesta histórica a años de atropellos y violencia política. La represión contra movimientos democráticos y la masacre de los guerrilleros del Movimiento 14 de Junio a finales de 1963, sumados a la concentración abusiva del poder político y económico en manos de pocos —como denunció en su momento el Listín Diario— crearon un caldo de cultivo insostenible.
Las tensiones internas se agravaron con la lucha de sectores militares patrióticos, como el grupo Enriquillo encabezado por el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez y el coronel Francisco Caamaño Deño, quienes clandestinamente preparaban la restauración constitucional. La protesta contra el jefe vitalicio de la Policía Nacional y la destitución forzada que siguió evidenciaron la crisis institucional que atravesaba el país.
La prohibición de manifestaciones, la represión a estudiantes y obreros, y la brutal violencia contra la histórica huelga del Central Romana a inicios de 1965, demostraron la incapacidad y la falta de voluntad del régimen para escuchar a su pueblo. Frente a este panorama, la insurrección del 24 de abril no fue una sorpresa, sino una explosión legítima de un pueblo cansado de la opresión y de la negación de sus derechos fundamentales.
Recordar y reflexionar sobre esos días es entender que la Revolución de Abril no solo fue un levantamiento militar, sino una manifestación popular que clamaba por la democracia, la justicia y el respeto a la Constitución. Es también un recordatorio del valor del compromiso cívico y la necesidad permanente de defender la soberanía y los derechos ciudadanos frente a cualquier forma de autoritarismo.
Hoy, a seis décadas de distancia, honramos el sacrificio de aquellos dominicanos que se atrevieron a desafiar el poder ilegítimo, y renovamos el compromiso de seguir luchando por los ideales de libertad y justicia que inspiraron aquel memorable abril de 1965.
