No se puede negar que cada país tiene sus propias circunstancias y limitaciones, pero lo que está en juego es la dignidad y los derechos de las personas. La respuesta de los gobiernos debe estar alineada con los principios de solidaridad, respeto y humanidad. La forma en que cada nación responde a este desafío determinará no solo su reputación en el ámbito internacional, sino también la confianza y el apoyo de sus propios ciudadanos.
Por Julio Guzmán Acosta
En la actual coyuntura de la política migratoria estadounidense, hemos sido testigos de cómo varios gobiernos latinoamericanos han asumido posturas diferenciadas frente a la orden de deportación masiva de inmigrantes impulsada por Donald Trump. Esta situación no solo pone a prueba la capacidad de respuesta de cada nación, sino que también refleja la sensibilidad y la humanidad de sus administraciones. En este contexto, es esencial destacar las decisiones tomadas por gobiernos como el de México, dirigido por Claudia Sheinbaum, y compararlas con la actitud del gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader.
Desde hace meses, el gobierno mexicano ha estado trabajando en un plan integral para recibir a sus connacionales deportados. Este plan no solo se centra en ofrecer un recibimiento humano y cálido, sino que también incluye el traslado digno de los deportados a sus lugares de origen y su inclusión en los programas sociales del gobierno. Además, se ha priorizado la creación de oportunidades laborales para aquellos que deseen reintegrarse al mercado laboral. Esta actitud proactiva y compasiva contrasta con la postura de otros gobiernos de la región, que han mostrado una falta de sensibilidad ante la crisis humanitaria que representa la deportación masiva.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha adoptado un enfoque similar. La administración colombiana se ha comprometido a ofrecer apoyo y asistencia a sus ciudadanos deportados, destacando la importancia de tratar a los migrantes con dignidad y respeto. Esta postura no solo es un acto de responsabilidad hacia sus compatriotas, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.
Asimismo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han tomado decisiones en la misma línea, implementando planes de acogida que buscan garantizar un trato digno a sus ciudadanos que regresan. Estos líderes han comprendido que la migración es un fenómeno complejo que requiere empatía y respuestas adecuadas, en lugar de una mera condena o desinterés.
Por el contrario, la posición del gobierno dominicano, que se ha limitado a afirmar que Estados Unidos tiene el derecho de apresar y deportar a quienes se encuentren en situación irregular, revela una alarmante falta de sensibilidad. La administración de Luis Abinader parece estar más preocupada por servir a los planes imperialistas contra el gobierno legítimo de Venezuela y de ser un peón al servicio de la administracion de Donald Trump, ignorando el drama que supone una deportación, que en muchos casos divide a la familia, despreciando la realidad de aquellos que enfrentan la deportación, tratándolos como cifras en lugar de seres humanos. Esta postura no solo muestra una falta de compromiso con sus ciudadanos, sino que también pone de manifiesto una dependencia servil hacia la administración estadounidense.
No se puede negar que cada país tiene sus propias circunstancias y limitaciones, pero lo que está en juego es la dignidad y los derechos de las personas. La respuesta de los gobiernos debe estar alineada con los principios de solidaridad, respeto y humanidad. La forma en que cada nación responde a este desafío determinará no solo su reputación en el ámbito internacional, sino también la confianza y el apoyo de sus propios ciudadanos.
En un momento en que la migración se ha convertido en un tema recurrente en especial para la ultraderecha internacional, es fundamental que los líderes latinoamericanos actúen con responsabilidad y sensibilidad. Los ejemplos de México, Colombia, Honduras y Brasil deben ser la norma, no la excepción. Es tiempo de priorizar el bienestar de nuestras comunidades y de mostrar que la verdadera fortaleza de una nación se mide por cómo trata a sus ciudadanos, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.
