El anuncio de una nueva investigación del IDEICE pone de manifiesto un ciclo vicioso: diagnosticar el problema parece ser el único objetivo, mientras las soluciones quedan relegadas al olvido. La evaluación debería ser el punto de partida para implementar políticas transformadoras, no un ejercicio académico que perpetúe la mediocridad.
Por Rafael Méndez
La educación dominicana lleva años atrapada en un ciclo de investigaciones que parecen más un ejercicio académico para acumular datos que una herramienta para transformar la pésima realidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Desde su creación en 2008, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) ha liderado numerosos estudios que revelan las profundas carencias del sistema educativo. Sin embargo, la realidad en las aulas sigue estancada, como si el esfuerzo invertido en investigar quedara atrapado en un limbo de indiferencia institucional.
El reciente anuncio del IDEICE de que realizará una nueva evaluación del desempeño magisterial en enero vuelve a despertar interrogantes: ¿para qué otro diagnóstico si los hallazgos anteriores no han generado ningún cambio? Hace seis años, una evaluación del desempeño magisterial dejó en evidencia el rezago en Provincias Bahoruco, que ocupó el último lugar entre las 18 regionales evaluadas. Pero, pese a la presión de organizaciones locales como la Fundación Padrino de las Escuelas de Bahoruco, las autoridades educativas no actuaron. Absolutamente nada se hizo para revertir esa realidad lacerante.
Diagnósticos sin transformación
El problema no es la calidad de las investigaciones del IDEICE, pues sus estudios podrían ser rigurosos y técnicamente impecables. El problema es la desconexión entre los hallazgos y las acciones necesarias para transformar el sistema. Cada diagnóstico se presenta con detalles alarmantes: infraestructura deficiente, un magisterio endeudado, y un rendimiento estudiantil que no responde a las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, las soluciones quedan en el papel, atrapadas en la burocracia o en la falta de voluntad política.
La evaluación de 2018, cuyos resultados se dieron a conocer en 2019, ofreció un mapa claro de las debilidades en pedagogía, gestión y formación docente, pero los responsables de tomar decisiones optaron por la inercia, dejando que las debilidades se perpetuaran y que el sacrificio de asignar el 4% del PIB a la educación se volviera sal y agua.
El endeudamiento docente: una retranca para el sistema
A esta inacción institucional se suma una crisis financiera que afecta directamente al magisterio. Los docentes dominicanos, pilares del sistema educativo, están atrapados en una espiral de endeudamiento que los somete a una precariedad económica y emocional insostenible. Algunos llegan a cobrar salarios netos de apenas un peso, como resultado de las políticas crediticias irresponsables de la Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA).
Esta situación no solo afecta sus condiciones de vida, sino también su desempeño en el aula. Un docente estresado por problemas financieros difícilmente puede ser un agente de cambio para sus estudiantes. Sin embargo, ni el Ministerio de Educación ni la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han abordado esta problemática con la urgencia que amerita.
El círculo vicioso de las evaluaciones
El anuncio de una nueva investigación del IDEICE pone de manifiesto un ciclo vicioso: diagnosticar el problema parece ser el único objetivo, mientras las soluciones quedan relegadas al olvido. La evaluación debería ser el punto de partida para implementar políticas transformadoras, no un ejercicio académico que perpetúe la mediocridad.
Si el IDEICE tiene la capacidad técnica para identificar las debilidades del sistema, las autoridades educativas tienen la responsabilidad moral y política de actuar sobre esos hallazgos. No hacerlo equivale a condenar a estudiantes, docentes y al país entero a un futuro de oportunidades perdidas.
Una conclusión obligada para romper este círculo de falta de voluntad política, indiferencia y complicidad impone que cada diagnóstico debe acompañarse de un plan de acción claro, con plazos específicos y responsables definidos, que se hace urgente implementar mecanismos para aliviar la carga financiera de los docentes, como programas de consolidación de deudas y límites a los créditos desmedidos, y que las autoridades asuman un rol activo y responsable en la ejecución de los planes derivados de las investigaciones.
Si el IDEICE tiene la capacidad técnica para identificar las debilidades del sistema, las autoridades educativas tienen la responsabilidad moral y política de actuar sobre esos hallazgos. No hacerlo equivale a condenar a estudiantes, docentes y al país entero a un futuro de oportunidades perdidas.
