El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte — A. Pérez Meca / Europa Press
Por Julio Guzmán Acosta
El Gobierno español ha presentado el ambicioso Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que, bajo el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2025, compromete las finanzas públicas del país al menos hasta 2030. Aunque oficialmente solo 1.962 millones de euros serán destinados este año a armamento “de defensa y disuasión”, el Ejecutivo camufla más de 7.000 millones adicionales como gastos en ciberseguridad, equipamiento y gestión de emergencias, sumando un desembolso total que superará los 10.471 millones de euros anuales en defensa.
El plan, elaborado para fortalecer a la OTAN en línea con las palabras de su secretario general Mark Rutte —“más fuerte, más justa y más letal”— implica un significativo endeudamiento y presión presupuestaria en los próximos años. Además, supone un cambio sustancial en la asignación de recursos, con un marcado aumento en partidas que el Gobierno etiqueta con epígrafes civiles, aunque en realidad financian programas militares.
Por ejemplo, 3.712 millones se destinarán a “condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas”, que incluyen programas especiales de modernización (PEM) para sustituir aeronaves y helicópteros, inversiones en inteligencia artificial, guerra electrónica y más. Dentro de este rubro figuran 664 millones para préstamos o capital en empresas del sector defensa, y 200 millones a través del CDTI para fondos de capital riesgo especializados en esta área.
El incremento en retribuciones y efectivos representa solo 679 millones, incluyendo 32 millones para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que cubre servicios de aseguradoras privadas de salud.
En cuanto a innovación tecnológica, 3.262 millones irán a “nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad”, abarcando sistemas de encriptación, radares, satélites, drones, inteligencia artificial y robótica. Aunque algunas partidas son civiles (como 72 millones para biotecnología y 43 millones para investigación universitaria), la mayoría beneficia directamente al Ministerio de Defensa y organismos como el CNI, que recibirá 500 millones.
El plan también reserva 1.751 millones para “apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales”. Aunque parte de esta inversión se destina a equipos como hidroaviones para incendios y vehículos especializados, destaca una partida de 232 millones para gastos operativos en emergencias como la DANA, que incluye equipamiento defensivo y apoyo logístico para Ucrania, lo que implica colaboración directa en un conflicto bélico.
Los nuevos programas especiales de modernización suman 31 y se añaden a más de 50 ya en marcha, con un coste previsto de 15.000 millones, que se suman a los 43.000 millones de los programas vigentes. Este año se invertirán 3.807 millones en estos nuevos PEM, con el plan extendiéndose al menos cinco años.
Las proyecciones más conservadoras estiman que, hasta 2030, la inversión militar adicional alcanzará los 52.355 millones de euros, sin descartar incrementos mayores si la OTAN eleva el gasto a un 3% o incluso 5% del PIB. Esto amenaza con desestabilizar el presupuesto estatal, especialmente si se considera la recomendación de la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, de financiar esta expansión mediante recortes en el Estado del Bienestar o subidas fiscales.
Para justificar el gasto sin aumentar impuestos ni reducir servicios sociales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recurre a la utilización de “remanentes” o “partidas dadas de baja” de ejercicios anteriores, aunque en realidad se trata de presupuestos no ejecutados que se reasignan a defensa en 2025. También se incluyen fondos del Fondo de Contingencia, del Fondo de Liquidez Autonómica —que implica endeudamiento de las comunidades— y del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, comprometidos para ciberseguridad.
El presupuesto de defensa para 2025, originalmente de 12.825 millones, ha aumentado ya un 25% con transferencias internas de partidas por más de 3.100 millones. En 2024, las modificaciones presupuestarias superaron los 90.000 millones, evidenciando la flexibilidad y opacidad en el manejo del gasto público.
Tras años de contabilidad creativa para cumplir con la OTAN, el Gobierno vuelve ahora a maquillar la inversión militar bajo epígrafes civiles, vendiendo la modernización de la industria bélica como motor tecnológico y generador de empleo. Sin embargo, la mayor parte del gasto beneficiará a empresas armamentísticas, principalmente estadounidenses, y en España destaca el papel de Indra como principal receptora de estos fondos.
En definitiva, el plan de defensa aprobado no solo aumenta sustancialmente el gasto militar, sino que compromete la estabilidad presupuestaria española durante la próxima década, a costa de posibles recortes sociales, mayores impuestos o creciente endeudamiento.
Julio Guzmán Acosta
España, abril 2025
