Por Carlos Lara
“El respeto a la Libertad Sindical en la República Dominicana es sagrado”. Como si se tratara de un deja vu el Ministerio de Educación (Minerd) reincide una y otra vez en violentar los acuerdos a que arriba con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Hagamos un poco de memoria; en el año 2023 luego de intensas luchas del principal gremio que agrupa a los maestros y maestras del sector público dominicano, se llevó a cabo en el Palacio Nacional la firma del Acuerdo ADP-MINERD 2023 por la mejora de la educación, pacto que contó con la intervención directa del presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona y la veeduría del Defensor del Pueblo, Licdo. Pablo Ulloa como principal garante de que lo ahí pactado se cumpliera a cabalidad. Pero además las partes acordaron crear comisiones bipartitas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que lo tratado tenga carácter y que además otros actores del sistema educativo sean parte activa como es el caso de los docentes y representantes de la Asociación de Padre, Madres y Amigos de las Escuelas (APMAE). Ya han pasado casi un año de la firma de ese importante acuerdo que toda la sociedad entendía, era el principio del fin de los conflictos históricos entre la ADP y el Minerd, pero no ha sido así. La ADP y sus seccionales en todo el territorio nacional han tenido que recurrir a su plan de lucha y es que puntos relevantes y que sustentaban dicho acuerdo firmado en el año 2023, no han podido ser cumplidos por las autoridades de educación. Origen del conflicto actual. Seccionales de Santiago, Villa Altagracia, Haina, San Pedro de Macorís y otras, han tenido que lanzarse a las calles a exigir a las autoridades educativas de sus provincias y municipios respetar y cumplir lo pactado en el año 2023, afirmando que es imposible ofrecer una educación de calidad con un déficit de personal docente a nivel nacional, falta de personal administrativo, con la agravante de que en muchas escuelas se encuentran en las nóminas, pero no existen a sus lugares de trabajo, por apareamiento políticos, al igual que escasez de talleristas que cubran la los centros de jornada extendida, escuelas con carencia de mobiliarios, agua potable y, lo más difícil, pocas aulas, situación que ha provocado el hacinamiento de los alumnos y alumnas en la mayoría de las escuelas públicas. Como podemos observar la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho suyo el famoso refrán “Al pan, pan, y al vino, vino”. A lo que increíblemente la respuesta recibida por parte del Minerd ha sido la represión y asedio. De esto último hemos sido testigos oculares, ya que, este 20 de marzo día en que la ADP se disponía a realizar una Rueda de Prensa para presentar al país la situación que se ha dado a nivel nacional, pues el edificio del gremio ubicado en la Calle Cervantes # 57, Santo Domingo, R. D., fue militarizadas por efectivo de la Policía Nacional, una actitud odiosa, arbitraria y que todos pensábamos, eran cosas del pasado, pues era propio de la época del trujillato. Otro elemento errado y absurdo por parte Minerd y que en nada ayuda a propiciar un ambiente de diálogo y gobernabilidad entre ambas entidades son los sometimientos ante los tribunales de parte de educación con los famosos recursos de amparo de extrema urgencia, con el propósito de evitar que la ADP se manifieste de forma pacífica. Lógicamente visto por la ADP, como una tentativa para silenciar y amedrentar al magisterio nacional. Definitivamente, nada más estúpido es el calificativo que podemos hacer de la actitud del Ministro Ángel Hernández ante el gremio más grande de la República Dominicana, él y el gobierno no han comprendido que atacar y tratar de destruir a la ADP provoca una reacción en cadena de apoyo sin presidente que provocaría situaciones lamentables en esta etapa del año escolar 2023-2024. Al Ministro de Educación debemos recordar que el derecho a Libertad Sindical es sagrado y así lo expone el artículo 317 del Código de Trabajo, lo cual define a los sindicatos como asociaciones de trabajadores constituidos, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros y El Convenio 87 sobre libertad y protección del derecho de sindicación, como es el caso de la ADP. Atentar a través del uso del poder contra este derecho amparado en una interpretación errónea de la Ley núm. 41-08 de Función Pública y su Reglamento de aplicación núm. 523-09, sobre la promoción de la huelga en los servicios públicos, es funesto, equivocado y denota el mal asesoramiento al cual han sometido al Ministro de Educación, Dr. Ángel Hernández. El Ministro debe saber que el derecho a la libertad sindical está consagrado también en La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que contiene en su artículo 23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Y especialmente en la República Dominicana la cual ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Además, es propicio recordar a las autoridades que deben respetar El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 1976, en cuyo artículo 22 también se establece la libertad de asociación de orden laboral, sin permitir al Estado menoscabar el ejercicio de la libertad sindical. Educación tiene que hacer conciencia de que los pactos nacionales e internacionales son importantes y deben ser respetados por la salud del ejercicio democrático y la dignificación de trabajos de este significativo sector, el magisterio nacional. Ante este impasse generado por la discrepancia y violación a puntos fundamentales del Acuerdo ADP-MINERD 2023, por parte de Educación el Presidente del gremio, el profesor Eduardo Hidalgo ha hecho un llamado prudente y oportuno al diálogo y a reiniciar las mesas de trabajo entre ambas instituciones, como única vía de entendimiento entre las partes. En sentido general, lo más conveniente es que tanto el MINERD como la ADP puedan sentarse, llegar a acuerdos serios en donde las autoridades se comprometan con responsabilidad a cumplir, en beneficio de la educación dominicana, las familias, alumnos, alumnas y la sociedad en su conjunto.
