La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia.
Por Julio Guzmán Acosta
El reciente desenlace del caso Camaleón, que involucra a Hugo Beras, exdirector del INTRANT y José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y otros implicados, expone de manera palpable las carencias del sistema de justicia en la República Dominicana. Apenas un mes después de ser apresados y de enfrentar una dura medida de prisión preventiva de 18 meses por su supuesta participación en una red de corrupción que malversó más de 1,300 millones de pesos destinados a la instalación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo, los jueces han decidido modificar esa medida. Ahora, Gómez y sus coacusados se encuentran en casa, bajo condiciones que parecen mínimas: una fianza pírrica y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Esta decisión no solo resulta desconcertante, sino que también envía un mensaje claro y peligroso. En un país donde la corrupción gubernamental ha sido una constante, el hecho de que los acusados puedan eludir la prisión preventiva tan rápidamente refleja una falta de compromiso por parte del sistema judicial para hacer frente a los actos de impunidad que han caracterizado la historia reciente del país.
La incautación de armas de fuego a Gómez durante los allanamientos realizados por las autoridades, junto con las graves acusaciones que enfrenta, deberían ser suficientes para mantenerlo bajo custodia mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, la justicia parece haber optado por un camino que no solo minimiza la gravedad de los delitos, sino que también relega a un segundo plano la seguridad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. ¿Qué tipo de mensaje se está enviando a aquellos que consideran que pueden beneficiarse del desfalco y la corrupción? La respuesta es clara: el sistema es indulgente, y las consecuencias son mínimas.
Los jueces que tomaron esta decisión argumentaron que no existe peligro de fuga, pero esta lógica resulta cuestionable en un contexto donde la corrupción ha demostrado ser un fenómeno que se alimenta de la impunidad. ¿Cómo se puede confiar en que aquellos acusados de actos delictivos graves no intentarán evadir la justicia? La percepción de que la justicia es un privilegio más que un derecho es una constante en la mente de muchos dominicanos.
El resultado de esta decisión es que la corrupción gubernamental sale fortalecida. Los corruptos no solo evitan enfrentar las serias consecuencias de sus actos, sino que también se ven incentivados a continuar operando con la certeza de que pueden salir ilesos. La falta de sanciones efectivas para quienes se aprovechan del erario perpetúa un ciclo vicioso en el que la ciudadanía se siente cada vez más desilusionada y desprotegida.
La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia.
El caso Camaleón es solo una muestra más de cómo el sistema de justicia, en lugar de ser un baluarte contra la corrupción, se ha convertido en una herramienta que facilita la impunidad. Mientras los corruptos regresan a sus hogares, la sociedad dominicana continúa esperando un cambio real que garantice que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos.
