El primer deber democrático es la transparencia y la rendición de cuentas. Ecuador merece saber si la elección del 13 de abril fue un milagro sociológico o la consumación de un fraude sofisticado. Investigar no es desestabilizar, sino fortalecer la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática. Evitar la crítica y la revisión rigurosa solo abre la puerta a nuevas anomalías y a un deterioro mayor del sistema electoral.p
Por Servicios Umbral.com.do
Las elecciones presidenciales de Ecuador en 2025, celebradas el pasado 13 de abril, han quedado marcadas por un aire de sospecha y controversia que pone en entredicho la transparencia democrática del proceso. Un análisis detallado realizado por el economista Francisco Rodríguez, y difundido en la plataforma X, revela un incremento inusual y estadísticamente atípico en los votos obtenidos por el presidente electo Daniel Noboa, lo que ha generado un fuerte debate sobre la legitimidad de los resultados.
Desde el inicio, el proceso electoral estuvo envuelto en polémicas. La proscripción de Jan Topic, principal rival de Noboa en el espectro de la derecha, a manos del Tribunal Contencioso Electoral, fue solo el primer indicio. Posteriormente, Noboa violó el artículo 93 del Código de la Democracia al no solicitar licencia para hacer campaña mientras ejercía la presidencia y utilizó recursos estatales para promover su imagen. Además, se modificaron las medidas de seguridad de la candidata opositora Luisa González en un contexto de alta violencia, y se decretó un estado de excepción que suspendió garantías constitucionales justo un día antes de los comicios.
A estas irregularidades se sumó la destitución inconstitucional de la vicepresidenta Verónica Abad, reemplazada unilateralmente por Noboa, denuncias de clientelismo en la distribución de más de 560 millones de dólares en bonos sociales, y restricciones a la vigilancia electoral mediante la prohibición de fotografiar las papeletas en zonas opositoras.
El punto más oscuro surgió tras el escrutinio: Noboa ganó con una diferencia de 11,3 puntos porcentuales, un margen inesperado y ampliamente cuestionado, dado que todas las encuestas, incluidas las de boca de urna, mostraban un empate técnico. Rodríguez comparó esta elección con 32 segundas vueltas en América Latina y encontró que el aumento de votos para Noboa fue un 110 % superior al número de votos disputables en la primera vuelta, más del doble del promedio regional y 2,7 desviaciones estándar por encima de la media. Esta anomalía solo encuentra un paralelo en las elecciones haitianas de 2010-2011, también marcadas por denuncias de fraude.
La disparidad es aún más notable considerando que Luisa González logró alianzas estratégicas con el líder indígena Leonidas Iza, quien obtuvo medio millón de votos en la primera vuelta. Sin embargo, las cifras oficiales adjudican a Noboa nueve de cada diez sufragios en disputa, un resultado estadísticamente improbable y contrario a tendencias históricas electorales en Ecuador y la región.
Las irregularidades no se limitan al conteo. La participación aumentó en más de 100,000 personas entre la primera y segunda vuelta, pese al estado de excepción y la violencia. El voto en blanco cayó un 68.9 %, mientras que el voto nulo alcanzó su nivel más bajo en décadas. González denunció 5,091 actas con irregularidades, incluyendo sumas incongruentes y ausencia de firmas, además de cierres de juntas receptoras al escrutinio ciudadano.
Defensores del resultado atribuyen la victoria de Noboa a una ola anticorreísta y a una supuesta transferencia masiva de votos de adultos mayores. Sin embargo, estas explicaciones carecen de sustento dado que la Revolución Ciudadana ya había alcanzado su techo histórico en la primera vuelta y que las políticas oficiales parecían ir en contra de este segmento demográfico.
Asimismo, la hipótesis del lawfare anticorreísta no explica el comportamiento electoral, especialmente cuando hechos previos como acusaciones infundadas contra Andrés Arauz y la atribución sin pruebas del asesinato de Fernando Villavicencio al expresidente Rafael Correa tuvieron un impacto negativo en el correísmo en elecciones anteriores.
La suma de estos hechos, junto con problemas estructurales como cortes eléctricos prolongados, desabastecimiento hospitalario y escándalos de corrupción vinculados al entorno presidencial, ha encendido las alarmas sobre la calidad democrática del proceso.
Francisco Rodríguez enfatiza que, aunque las anomalías detectadas no constituyen por sí mismas una prueba de fraude, sí obligan a una investigación exhaustiva. La ausencia de explicación convincente para un salto electoral tan atípico implica la necesidad urgente de un nuevo escrutinio y auditoría integral de las actas, papeletas y participación electoral.
Normalizar estas irregularidades significaría aceptar que la democracia ecuatoriana se reduce a un mero simulacro, donde la competencia electoral está manipulada desde el poder. Esta situación representa un peligro no solo para Ecuador, sino para toda la región, estableciendo un precedente preocupante para futuros procesos electorales en América Latina.
El primer deber democrático es la transparencia y la rendición de cuentas. Ecuador merece saber si la elección del 13 de abril fue un milagro sociológico o la consumación de un fraude sofisticado. Investigar no es desestabilizar, sino fortalecer la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática. Evitar la crítica y la revisión rigurosa solo abre la puerta a nuevas anomalías y a un deterioro mayor del sistema electoral.
Ante este escenario, la sociedad civil y los organismos internacionales deben exigir un escrutinio transparente y una auditoría objetiva que garantice la voluntad popular y el respeto a la democracia en Ecuador.
