Los sistemas previsionales no están preparados para afrontar el reto del envejecimiento. Con los actuales parámetros, ni el reparto ni la capitalización aseguran una pensión digna con sostenibilidad fiscal y social.
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS
La publicación del BID Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, confirma mis planteamientos de que, en la actualidad, ni el diseño del sistema de reparto público, ni el de capitalización individual garantizan, una pensión digna y sostenible, en sociedades cada vez más longevas.
El informe, basado en un análisis de los sistemas de pensiones de 27 países de América Latina y el Caribe, cuestiona el mito de que América Latina y el Caribe es una región joven, señalando que, en realidad, estamos envejeciendo mucho más rápido que el resto del mundo, con proyección de una de cada cinco personas será mayor de 65 años para el 2050, como ya ocurre en Europa y Asia. Ahora tenemos más “viejos” que viven muchos más años.
Es necesario revisar y eliminar las inequidades de los sistemas de reparto que otorgan subsidios a los trabajadores de mayores ingresos con cotizaciones más regulares, ignorando la realidad del trabajador promedio, cuya inestabilidad laboral le impide cumplir con todos los requisitos para acceder a una pensión plena.
En los sistemas de beneficios definidos (reparto) existen elementos de diseño que castigan o desprotegen a los trabajadores con cotizaciones esporádicas, actuando como un impuesto regresivo. En los sistemas de contribución definida (capitalización), los cotizantes esporádicos tampoco reciben la pensión mínima, ni ningún tipo de seguro de longevidad.
De acuerdo con dicha publicación, los sistemas públicos de reparto (en países como Brasil, Honduras o Ecuador, entre otros) fueron diseñados para ser generosos con los trabajadores que contribuyen durante toda su vida laboral, en ocasiones perjudicando a quienes cotizan por debajo del mínimo de años para calificar a una pensión (entre 10 y 35 años).
En cambio, los sistemas de capitalización individual, presentes en países como Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, ofrecen una tasa de reemplazo de un 40%, es decir, el monto de la pensión a percibir representa menos de la mitad del último salario del trabajador, sin derecho a recibir el subsidio implícito en el reparto.
En ausencia de cambios en el diseño, mayor desigualdad e inequidad
El análisis de los sistemas previsionales de 27 países de la región reveló que en los sistemas públicos de reparto el Estado subsidia alrededor de un 44% de la pensión promedio de quienes cotizan durante toda su vida laboral, “a veces dejando sin pensión a los afiliados de bajos ingresos que no pudieron hacer los aportes necesarios”.
El informe confirma la conclusión del estudio del FMI sobre el carácter regresivo de los subsidios en Brasil. “A pesar de que algunos sistemas otorgan porcentajes mayores a los trabajadores de menores salarios, los afiliados de altos ingresos reciben subsidios monetarios sustancialmente mayores que los de bajos ingresos”.
Según el BID, “en ausencia de cambios en el diseño de beneficios, las presiones demográficas harán que los sistemas sean cada vez más generosos con el individuo y más costosos para el Estado. Esto, unido a los cambios en el mercado de trabajo, también puede hacerlos cada vez más costosos (si más trabajadores consiguen pensionarse), o bien, más injustos y regresivos (si la tecnología erosiona las relaciones laborales)”.
Los expertos del BID recomiendan: 1) que los sistemas de pensiones aseguren el necesario equilibrio entre los beneficios y las aportaciones, eliminando elementos redistributivos no deseados; y 2) que los sistemas puedan afrontar, tanto el envejecimiento, como los profundos cambios en el mercado laboral.
