1 de diciembre de 2024

Por Freddy González   Los habitantes de la parte Oeste de la isla de Santo Domingo, desde la época colonial han visto el Este como su principal refugio. Mucho antes de la proclama de su independencia, una gran cantidad de esclavos traídos de África, huían de la cruel explotación de los colonos franceses para integrarse a los llamados Palenques constituidos por esclavos escapados de las plantaciones pertenecientes a ambos lados de la isla a los que denominaron Cimarrones. El más famoso de los Cimarrones del Oeste, fue un esclavo nacido en Senegal, llamado François Mackandal, que operando en la sierra de Bahoruco hostigó constantemente a los esclavistas franceses. Mackandal fue traicionado y al ser hecho prisionero, fue sentenciado a morir en la hoguera para dar un ejemplo a los demás rebeldes. También, fueron inmigrantes circunstanciales hacia el Este, Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines que cruzaron la línea divisoria impuesta por el Tratado de Aranjuez, para formar parte del antiguo ejército colonial español que luchaba contra la Francia esclavista. Luego de proclamada la independencia y la fundación del Estado haitiano 1804 por Dessalines, tuvimos medio siglo de ocupación e invasiones, reduciendo las migraciones por motivos económicos a una mínima expresión pese a que la ira de las masas sublevadas prácticamente destruyó todo el aparato productivo de la parte Oeste de la nuestra isla. Los últimos 50 años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la migración de nuestros vecinos del Oeste estuvo prácticamente controlada, más que por las medidas y leyes migratorias, porque la situación económica de ambos países era practicantes similares. Fue a raíz del boom azucarero producto de la segunda guerra mundial que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, pese haber ordenado las ejecuciones llevadas a cabo en el llamado corte del 1937, comenzó la importación masiva de nacionales haitianos para ser utilizados como braceros en la referida industria controlada por él y otros emporios que no pudo adquirir como los Vicini y del capital norteamericano representado en la Puerto Rico Sugar Company, transformada luego en Gulf+Western y actualmente en Central Romana. La política de contratar braceros haitianos mediante acuerdos bilaterales entre ambos gobiernos se extendió por más de medio siglo, hasta prácticamente la liquidación del llamado Consejo Estatal del Azúcar (CEA), emporio estatal que agrupó los ingenios del tirano, a finales del siglo pasado. Alrededor de los ingenios se crearon los llamados bateyes donde se amontonaban en condiciones infrahumanas cientos de ciudadanos haitianos utilizados en las labores agrícolas en esas empresas capitalistas, y que se fueron quedando poco a poco en el país para conveniencia de sus contratantes. Con la desaparición de la llamada espina dorsal de la economía dominicana, otras ramas vinieron a sustituirla. Hoy nuestra economía descansa sobre el trípode del turismo, la construcción, y la agricultura, ayudada por las remesas y las zonas francas. En las tres primeras el mercado laboral está colmado de mano de obra de Haití. En la construcción más del 60% está ocupada por ciudadanos de ese país; en la agricultura, en todas sus expresiones, azúcar, banano, arroz, etc., las cifras si no es igual, es más superior que en la construcción; en el turismo la presencia de un personal calificado de origen haitiano en los principales polos turísticos es considerable. Una parte de esa mano de obra está legal, sobre todo en el área turística, pero la inmensa mayoría que trabaja en las otras ramas es ilegal, porque eso es lo que conviene a nuestros empleadores. Por los bajos salarios, la ausencia de seguridad social y la falta de derechos laborales, dándose algunos casos de que los mismos son denunciados por sus empleadores a las autoridades migratorias para no honrar los compromisos económicos contraídos con ellos. De ahí que la situación de la gran migración de ciudadanos haitianos en nuestro país tiene varias aristas que son necesarias tener en cuenta a la hora de enfrentar el serio problema que significa la presencia masiva de nuestros vecinos en toda la geografía nacional. Las deportaciones por si solas no resuelven el problema, porque mientras lo sacan, por un lado, existen importantes sectores económicos del país ligados a bandas de tratas dirigidas por haitianos que nuevamente los reclutan y lo traen. El país tienes el derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias sin dejarse chantajear por organismos internacionales que sólo han servido para complicar la terrible situación de hambre y miseria que viven nuestros vecinos, pero respetando la dignidad humana de los mismos. El país tiene que regular la mano de obra extranjera ajustándola a nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene que obligar a nuestros empresarios a cumplir con la misma, porque de lo contrario todo esfuerzo por controlar la migración de nacionales haitianos en nuestro país será en vano. Estaremos en la de nunca acabar: miles son sacados y otros miles son entrados.