Por César Guzmán Dalmasi
Caracas. – El gobierno de Venezuela ha calificado como “cipayo” al gobierno de la República Dominicana, liderado por el presidente Luis Abinader, tras la confiscación de una aeronave vinculada al Estado venezolano que se encontraba en territorio dominicano. El término, cargado de connotaciones históricas y políticas, ha intensificado la tensión diplomática entre ambos países y ha puesto en evidencia las crecientes fricciones en la región.
La palabra “cipayo” tiene sus raíces en el persa “sepāhi”, que significa “soldado”. Durante los siglos XVIII y XIX, se utilizaba para referirse a los soldados nativos de la India que servían en los ejércitos coloniales de potencias europeas como Francia, Portugal y Gran Bretaña. Con el tiempo, el término adquirió un sentido peyorativo y, según la Asociación de Academias de la Lengua Española, se emplea para describir a personas o gobiernos que, por intereses ideológicos o económicos, apoyan intereses extranjeros en detrimento de los nacionales.
En un comunicado emitido por la cancillería venezolana, se acusó al gobierno dominicano de actuar en complicidad con Estados Unidos al confiscar la aeronave. “Su odio hacia Venezuela (el del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio) lo lleva ahora al delito abierto confiscando ilegalmente un avión de PDVSA con la complicidad del gobierno cipayo de la República Dominicana”, señaló el texto. Además, el gobierno de Nicolás Maduro calificó a Rubio de “ladrón de aviones” por su participación en la retención de la aeronave durante su reciente visita al país caribeño.
Por su parte, Marco Rubio justificó la incautación del avión, argumentando que este “fue utilizado para evadir las sanciones estadounidenses y el control de lavado de dinero”. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que esta acción “es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de responsabilizar al ilegítimo gobierno de Maduro por sus acciones ilegales”.
Según información del Departamento de Estado de EE.UU., la aeronave en cuestión había sido utilizada por funcionarios venezolanos para viajar a países como Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, y fue llevada a República Dominicana con fines de mantenimiento.
Este no es el primer incidente de este tipo. En septiembre de 2024, durante la administración del ex presidente Joe Biden, otro avión oficial venezolano, modelo Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y posteriormente trasladado a Florida. Las autoridades estadounidenses aseguraron en aquel entonces que la aeronave había sido adquirida “ilegalmente” por 13 millones de dólares mediante una empresa fantasma.
El gobierno venezolano ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una “persecución política y económica” por parte de Estados Unidos y sus aliados en la región. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca las repercusiones de estas medidas y la creciente tensión diplomática entre Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, en un contexto geopolítico cada vez más polarizado.
La confiscación del avión y las acusaciones de “cipayismo” han puesto en evidencia las complejas dinámicas de poder en la región, donde la influencia de Estados Unidos sigue siendo un factor determinante en las relaciones bilaterales y multilaterales.
