Por Brendalis Reyes
La organización no partidista Participación Ciudadana ha expresado su contundente rechazo a la nueva Política de Protección de Datos aprobada por la Suprema Corte de Justicia, argumentando que esta normativa representa un retroceso mayusculo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
Según la entidad, la nueva política establece reglas que invisibilizan a los infractores de la ley y restringen el acceso de la ciudadanía y los medios de comunicación a información esencial sobre procesos judiciales. Participación Ciudadana sostiene que esta normativa invierte el principio fundamental de la transparencia, al convertirla en una excepción y la privacidad en la regla, lo que podría violar derechos constitucionales relacionados con el acceso a la información y la libre expresión.
La organización subraya que la publicidad de los juicios es un componente crucial del debido proceso, tanto para proteger a los imputados como para mantener informada a la sociedad sobre la administración de justicia. En este contexto, Participación Ciudadana se une a la Sociedad Dominicana de Diarios, que también ha expresado su preocupación y rechazo ante la nueva política, considerando que impone restricciones que contravienen preceptos constitucionales.
Entre las principales críticas de Participación Ciudadana se encuentra el hecho de que la nueva normativa establece amplias restricciones, catalogando como “datos personales sujetos al anonimato” información crítica, como la cédula de identidad y electoral. Este dato es fundamental para diferenciar a individuos con nombres similares y realizar trámites legales.
La organización advierte que estas medidas, aunque inspiradas en estándares internacionales, no son aplicables al contexto dominicano, donde el bajo nivel de desarrollo institucional y judicial podría dificultar su implementación. Participación Ciudadana teme que esta normativa obstaculice los esfuerzos para combatir delitos graves como la corrupción, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.
Además, expresaron su inquietud de que los jueces puedan usar esta política para limitar el acceso a la información tanto de la prensa como de la ciudadanía, debilitando así la transparencia en la administración de justicia. “Esta normativa llega en un momento crítico en que el país enfrenta grandes retos para superar una historia de corrupción e impunidad. Restringir el acceso a la información no solo dificulta la labor de los medios de comunicación, sino que también pone en peligro los avances hacia un régimen democrático y transparente”, subrayó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
La organización hace un llamado al Poder Judicial para que retire esta política y reitere su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia en el país. Con esta declaración, Participación Ciudadana reafirma su postura de defensa de la transparencia y el acceso a la información como pilares fundamentales de una sociedad democrática.