La oposición que dice tener en su poder el 83% de las actas no compareció al llamado del Tribunal Superior de Justicia al que asistieron los 9 partidos restantes y que aportaron la documentación que tenían en su poder. Los opositores encabezados por Maria Corina Machado se han limitado a publicarlas en un web creada para tales fines un día antes de las elecciones.
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En un claro gesto de apoyo incondicional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ratificó este domingo su “absoluta lealtad y subordinación” al presidente Nicolás Maduro, pocos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convalidara los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Este acontecimiento, que marca un nuevo capítulo en la conflictiva y polarizada realidad política del país, ha desatado suspicacias y protestas entre los diversos sectores de la sociedad venezolana.
El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, compartió un mensaje en Instagram donde enfatizó la lealtad de la institución a la figura del presidente y su compromiso con el “proceso bolivariano revolucionario, legítimamente constituido”. Este tipo de pronunciamientos no son novedad en el contexto político venezolano, donde las fuerzas armadas han jugado un rol fundamental como baluarte del gobierno legítimo de Maduro frente a las graves crisis que azotan al país, y ante el constante desafío que representa el bloqueo de Estados Unidos y las sanciones económicas impuestas por este de manera unilateral y apoyada por los gobiernos afines y lacayos.
La base constitucional de esta lealtad, sin embargo, es cuestionada. El artículo 328 de la Constitución venezolana establece que la FANB es una “institución esencialmente profesional, sin militancia política”, sugiriendo que su existencia debe estar al servicio de la nación y no de un partido político o figura individual. Esta premisa pone de relieve la confrontación entre la realidad y el marco legal, ya que muchos críticos argumentan que la FANB ha tomado un papel cada vez más político, alineándose incondicionalmente a Maduro en lugar de cumplir con su rol como guardiana de la soberanía nacional.
La decisión del TSJ, presidido por la magistrada Caryslia Rodríguez, de validar los resultados electorales ha sido un tema de controversia. Maduro, quien ha buscado asegurar su permanencia en el poder por un tercer mandato consecutivo, presentó un recurso ante la corte para la “validación” de los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la oposición alega que esta verificación no es competencia del TSJ, sino que debe estar en manos del CNE. De hecho, a más de cuatro semanas de las elecciones, los datos desagregados aún no han sido publicados, generando más incertidumbre y suspicacias.
La oposición, representada en gran medida por la coalición de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no ha dudado en rechazar la decisión del TSJ, alegando que “la soberanía reside, intransferiblemente, en el pueblo”. Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, ha instado a los votantes a mantenerse firmes en su convicción de que su victoria fue legítima, afirmando que poseen el “83,5 % de las actas” que demostrarían su triunfo, cifras que, según sostienen, fueron obtenidas gracias a la presencia de testigos y miembros de mesa durante los comicios.
La oposición que dice tener en su poder el 83% de las actas no compareció al llamado del Tribunal Superior de Justicia al que asistieron los 9 partidos restantes y que aportaron la documentación que tenían en su poder. Los opositores encabezados por Maria Corina Machado se han limitado a publicarlas en un web creada para tales fines un día antes de las elecciones.
En medio del clima de desconfianza y acusaciones de fraude, la FANB se encuentra en el ojo del huracán. Organizaciones y países de la comunidad internacional han expresado su apoyo al reclamo opositor, demandando que las fuerzas armadas respeten la exigencia popular y protejan la soberanía del pueblo venezolano, vista ampliamente reflejada en las elecciones.
A medida que las tensiones aumentan, tanto en el ámbito nacional como internacional, la situación en Venezuela continúa siendo un tema de seguimiento crítico. Las facciones políticas, cada vez más polarizadas, se enfrentan en un escenario donde la lealtad militar se encuentra en el centro del debate y la legalidad del proceso electoral sigue siendo cuestionada. La FANB, como institución militar, se ve forzada a navegar entre su deber constitucional y las demandas de una población fracturada, un episodio que puede definir el rumbo del país en los próximos meses.
